Una ley que es una revolución
EN ocasiones hay acontecimientos trascendentales que pasan desapercibidos, como lo ocurrido esta semana en el Pleno del Senado, donde se aprobó el proyecto de ley de discapacidad que contiene cambios tan relevantes como la eliminación de la incapacitación judicial de las personas con discapacidad sustituyéndolo por un sistema de apoyos puntuales basado en el respeto a su voluntad.
El hecho de que esta iniciativa, que ahora regresa al Congreso para que se ratifiquen las enmiendas introducidas, haya salido adelante sin ningún voto en contra es una excelente noticia que evidencia la capacidad de consenso de las fuerzas políticas en tiempos en los que parece que en los medios sólo prevalece la gresca. Como dije en mi intervención en el Pleno “no abriremos los telediarios, pero no por ello dejaremos de ser protagonistas del gran paso que se ha dado”.
Estamos ante un hito, ante una revolución en la concepción, mentalidad y tratamiento jurídico de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que a partir de ahora dejan atrás el obsoleto concepto paternalista que les cercenaba su capacidad jurídica, y por tanto les discriminaba, por un nuevo sistema de apoyos adaptados a las necesidades de cada persona, que respeta su voluntad e intereses y que, sobre todo, impulsa su autonomía para llevar a cabo actos jurídicos.
El cambio que llega es real y efectivo para la vida de las personas con discapacidad y sus familias porque deja atrás conceptos como “incapacitado”, “tutela” o “prolongación de la patria potestad”. De alguna manera con la aprobación de esta ley reparamos una deuda histórica con un sector de la población al que se le negaba el derecho a decidir incluso sobre sus propias vidas.
Pero la entrada en vigor de esta reforma legislativa nos sitúa ante un importante desafío. Es necesario un cambio radical de visión y de mentalidad. A nivel social exigirá una transformación profunda de los actuales sistemas de apoyo y garantías para que todas las personas puedan acceder a sus derechos. Y a nivel jurídico supone una modificación de hasta siete leyes fundamentales en nuestro ordenamiento (Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Jurisdicción Voluntaria, Ley del Registro Civil, Ley del Notariado, Ley Hipotecaria y Ley de Protección patrimonial de las personas con discapacidad). Estos cambios exigen una gran labor pedagógica y de concienciación, desde luego en todos los operadores jurídicos y sociales, y sobre todo en lo que se refiere a nuestra sociedad y de manera singular a las familias y entornos de las personas con discapacidad.
La reforma era necesaria porque además alinea el ordenamiento jurídico español con el convenio de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es una cuestión de derechos humanos, de igualdad, de libertades individuales y de respeto a la dignidad de las personas.
Hoy nuestra democracia es mejor porque somos todos más iguales, porque hemos concedido plenitud de derechos a personas que antes los tenían limitados. Me siento agradecido de que mi partido me otorgase la confianza y responsabilidad de haber sido ponente junto a mi compañera Violante Tomás en esta ley y es un orgullo desde mi posición como jurista, pero sobre todo como hijo de una maestra que dedicó toda su vida a la enseñanza de personas con discapacidad.
Yo de ella también lo aprendí todo.