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Universidades, jaque mate

Un profesor es un profesor y un intelectual un intelectual. Ambos saben pensar de un modo sistemático y de eso siempre quedará huella. Y es por eso, quizás, que M. Castells, un prestigioso profesor y autor de libros sobre la sociedad de la información, ha sabido presentar un proyecto de ley de universidades sistemático, y no una ristra de remiendos a leyes anteriores como desde hace muchos años se viene haciendo. Su ley es en muchos aspectos continuista con la situación académica actual, pero también abre un abanico de posibilidades que no se debe despreciar.

Como especialista en la información también conoce el ministro lo que es la desinformación, y por ello ha presentado su texto lanzando dos señuelos con el fin de desorientar, confundir e inutilizar a sus posibles rivales. Son esos dos señuelos, anunciados a bombo y platillo, que la elección de los rectores será más abierta porque podrán presentarse ya no solo los catedráticos, sino también los profesores titulares, y que la universidad asumirá la retórica hueca de lo que algunas llaman feminismo, y que no tiene nada que ver ni con el feminismo, ni con los problemas de las mujeres.

Las leyes son textos complejos que forman parte de un sistema jurídico, en el que se establecen unos conceptos claros que desempeñan el papel de principios reguladores. No hay leyes aisladas, pues cada ley se relaciona con otras que son superiores a ella, y por eso se dice que tienen mayor jerarquía normativa, y con otras inferiores, que dependerán de ella.

En el lenguaje del derecho los conceptos han de ser universales, es decir, válidos para todos los casos; singulares, es decir que se puedan aplicar en el campo específico que definen; y enunciables, es decir, que puedan tener una definición clara. Si eso no se cumple la ley no es válida y su aplicación será imposible, o generará más problemas que los que intenta resolver. Por eso los juristas deben cumplir esos preceptos.

No obstante, desde hace ya muchos años las leyes se caracterizan por incluir unas parte no dispositivas, es decir, estrictamente no legales, en sus cada vez mayores proemios en los que se explica por y para qué se hace la ley y cuál es la voluntad del legislador, creando muchas veces una gran confusión, debido al uso de principios abstractos e ideas demasiado genéricas. En eso esta ley no podía ser menos y a ello dedica numerosas páginas en su exposición de motivos (pp. 1/11).

No cabe duda de que los motivos para redactar la ley son racionales, pero también pueden entreverse dos de claro carácter político, que da la impresión de que tratan de contentar por un lado al grupo por cuyo cupo Castells entró en el gobierno, y por otra al nacionalismo catalán. El primero de ellos es la creación de las Unidades de igualdad, de diversidad, de defensoría del universitario y de inspección de servicios (art. 19). En ese artículo se suman dos organismos que ya existen y cuyas funciones están bien definidas con otros dos que se solapan, sobre todo con la institución del Defensor, cuyo fin es salvaguardar los derechos del administrado e impedir que la administración, en este caso la Universidad, los conculque de alguna manera.

La unidad de igualdad -un principio esencial en el derecho-, debe “coordinar y transversalizar el desarrollo de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres”, de la misma manera que la unidad de diversidad coordina y transversaliza el desarrollo de las políticas universitarias antidiscriminación. Debemos señalar que el verbo transversalizar no existe (”yo me transversalizo”; “necesito que me transversalizen”). Lo correcto sería decir organizar, coordinar e integrar; todo lo que se debe hacer siguiendo preceptos legales. No se trata de eso, porque ya hay muchos medios para hacerlo, sino de crear una especie de ente sutil o grupo doctrinal que se encargue de que se apliquen unos principios que no se saben definir ni expresar correctamente. Por eso esto es solo un señuelo.

El segundo señuelo es la democratización del cargo de rector, que curiosamente se restringe mucho más, porque para ser elegido rector (art. 28) se deberá tener tres sexenios de investigación - algunos de los rectores actuales no los tienen-, tres quinquenios de docencia, y haber desempeñado un cargo unipersonal al menos cuatro años, lo que muchos candidatos anteriores tampoco cumplían. Por cierto, nada dice que las candidatas puedan apelar a la discriminación positiva; o sea, sumar su condición de mujer a estos méritos.

Pero, es más, ese rector podrá ser elegido como ahora por sufragio universal, lo que solo garantiza la calidad democrática si la participación es alta, o bien por un órgano elector de entre 20 y 30 personas, de las cuales el 50% serán docentes e investigadores, el 10% estudiantes, el 10% personal técnico y el 30% personas ajenas a la universidad, nombradas según los criterios que fijen los estatutos. Los candidatos a rector se presentarían a concurso de méritos, y luego deberán lograr la mayoría absoluta en primera vuelta o la relativa en la segunda, siendo esos méritos los que diga ese órgano de electores.

Luego vienen l@s decan@s. Su mandato como el del rector será de seis años improrrogables, podrá ocupar el cargo cualquier doctor con vinculación permanente, pero no serán elegidos directamente, sino que el Consejo de la Facultad, en el que los profesores ya no serán todos miembros natos, propondrá tres candidatos al rector, que nombrará a uno de los tres según su buen criterio; y tampoco se prevé discriminación positiva para las mujeres.

Para las direcciones de los departamentos no hay ternas, sino sufragio ponderado de los miembros del Consejo de Departamento, cuya composición determinarán los estatutos, sin que tampoco se prevea discriminación positiva, que si aparece curiosamente en el art 39 cuando se dice que serán necesarios “informes de impacto por razón de género y de impacto medioambiental” al elaborar los presupuestos.

En el segundo señuelo vemos que la participación puede ser la misma, o todavía menor. Lo que sin embargo no es señuelo es que se permita que el 45% del profesorado no sea funcionario, y de ese el 25% tendrá que ser fijo. Y dentro de ese personal se podrán hacer contratos con las mismas remuneraciones y competencias que las de los titulares y catedráticos (art. 64), lo que permitirá crear cuerpos propios equiparados a los funcionarios estatales. Esa siempre fue una aspiración, entre otras, de las universidades catalanas. A ellos se podrán sumar los profesores distinguidos (art. 70) con contratos de hasta 4 años y las remuneraciones que la universidad estime oportunas.

Es muy interesante la creación del Consejo de Estudiantes (art. 24), considerado como un órgano real de gobierno y elegido por sufragio universal libre, igual, directo y secreto, y cuyas funciones, que se regularán en los nuevos estatutos, podrán ser formales o reales en la defensa de los derechos de los estudiantes. Si se quiere que sean reales y los estudiantes se organizan, volverán a dar dolor de cabeza a los gobernantes.

Hay un gran margen, a pesar del continuismo, para cambiar muchas cosas en los estatutos. Las universidades (D.T. 1ª) deberán, como máximo en un año tras la “fecha de expiración del Claustro vigente”, constituir un nuevos claustros y consejos de gobierno “de acuerdo con los preceptos de la presente ley”. Esos nuevos claustros tendrán otro año, como máximo, para elaborar los nuevos estatutos, que supondrían ya elegir a todos los cargos con el nuevo procedimiento, por ejemplo el de la terna de los decanos.

Aprobados los estatutos se elegirá al nuevo rector por una de las dos fórmulas nuevas: “una vez que concluya el mandato vigente del Rector o Rectora que desempeñe el cargo, o previamente su hubiera una vacante”. Lo que quiere decir que un rector que haya sido elegido un mes antes de la aprobación de los nuevos estatutos podrá acabar su mandato de cuatro años, conseguido con el viejo sistema.

El amplio margen que esta ley concede a la elaboración de los estatutos en lo que se refiere a los órganos de gobierno y a la posibilidad de crear un cuerpo propio de profesores no funcionarios, puede permitir que continúe el sistema de gobierno en vigor, o abrir dos caminos: uno hacia una universidad dirigida por un sistema gerencial, que podría ser reconvertida y reducida; y otro hacia una universidad que recupere la autonomía que no tiene, que sea democrática no formal, sino realmente, y en la que los estudiantes, mudos y dóciles hasta ahora, hagan escuchar su voz, defiendan sus derechos y exijan garantías para su futuro.

Todo dependerá de cómo sean los nuevos claustros y de las intenciones de los equipos de gobierno, que son quienes los orientan, y a veces dirigen. Si no vuelven a surgir el debate y la participación que hubo en las universidades hace ya más de treinta años, todo será papel mojado. Mejor dicho, las universidades serán lo que ya casi son: miles y miles de ordenadores interconectados jerárquicamente, en los que las teclas de unos pocos marcan el compás de las teclas de la mayoría.

12 sep 2021 / 00:22
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