Uso político del juez

HEMOS vivido un episodio reciente del uso, del mal uso, político del procedimiento judicial. La solicitud de la Comunidad de Madrid de ratificación judicial de una Orden dictada por el consejero de Sanidad en agosto pasado es el ejemplo palmario de este empleo torticero, intencionado o no, de las normas procesales.

El apartado 6 del artículo 8 de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa establece que cuando se adopten medidas sanitarias que afecten a los derechos fundamentales de la persona, la autoridad sanitaria tendrá que solicitar autorización del juez (hay que entender que antes de adoptar la medida), o la ratificación de aquella (es decir, una vez ejecutada la medida).

Pues bien, invocando ese precepto la Comunidad de Madrid pretendió que el juzgado ratificara una disposición sanitaria de carácter general sobre el covid que tenía como destinatarios a todos los ciudadanos de la comunidad.

No existe en nuestro derecho tal instituto de ratificación de una norma administrativa general. Lo que la ley de la jurisdicción está todavía regulando es la intervención del “juez de garantías” sobre medidas concretas sobre personas individualizadas por razones sanitarias urgente. Por ejemplo: una persona portadora de una enfermedad infectocontagiosa que requiere su internamiento urgente en un hospital público para que no propague ni contagie al resto de ciudadanos.

Nada de eso tiene que ver con una ratificación de medidas generales y complementarias para hacer frente al covid-19, que no necesita de ratificación judicial una vez aprobada por el órgano competente y publicada en el Diario Oficial de la comunidad. Acudir al juez puede suponer recibir una negativa la respuesta negativa y fundamentad para recordar que los jueces no “cogobiernan” con los ejecutivos y que ninguna disposición de una comunidad autónoma puede afectar a los derechos fundamentales.