¡Van a por ellas!
El terremoto de muy alta graduación que sacude estos días al Gobierno de la nación no se debe solo a lo que parece; el desencuentro entre Calviño y Díaz, las vicepresidentas medio gallegas -galaicas de nación, ajenas en su función-, sobre el alcance de los cambios en materia de legislación laboral, tantas veces anunciados como inmediatamente aplazados.
Para la herculina, viceprimera, se trata de reformar la reforma de Rajoy, alineada con el sentidiño y el pensamiento europeo dominante de que cuando algo funciona déjalo estar; mientras que la ferrolana, vicesegunda, se agarra al pacto de investidura en el que se acordaba, con meridiana claridad, su derogación. Ambas se disputan, además, la competencia, la primera como responsable de la economía del país y la segunda del ámbito del trabajo, que en el fondo son lo mismo. Y para liarla más, Sánchez respalda por la semana las posiciones moderadas mientras que en los mítines del finde, ante la muchachada socialista, se viste de radical cuando las oficinas de Bruselas están cerradas.
Pero esta sería la parte menor del conflicto intergubernamental de competencias de seguir Iglesias al mando. El líder morado hubiera mandado a callar a los suyos con la copla de que son minoría en el Consejo de Ministros. También ayudaría si en la parte contratante de la primera parte, la más grande, no se hubiera depurado a los ministros de mayor peso y sentido institucional, Calvo y Ábalos. La vicepresidenta económica estaría más arropada frente a los embates de los socios alzados en su contra.
En medio de este escenario parabélico aparece Batet, la presidenta del Congreso, metiendo la zueca en algo que no debería haber pasado de anécdota y que su inexplicable proceder convirtió en serio conflicto entre poderes del Estado. Aparte de la gravedad de negarse a ejecutar una sentencia, estamos ante es un error político tremendo impropio de un partido de gobierno. Premiar a quien da una patada a un policía, a un empleado público de uno de los colectivos más valorados por la sociedad, sería difícil de entender por la inmensa mayoría de los ciudadanos. Batet recapacitó, pero su torpe actuación da alas a Podemos para lanzar su ofensiva en un doble frente: contra la deriva socialdemócrata del Gobierno, que encarna Calviño y se visualizó en el abrazo al abuelo pródigo, Felipe González, y al mismo tiempo contra Díaz, a la que el regalo envenenado de Iglesias nombrándola heredera, junto a su buena química con Sánchez, genera envidias y desconfianzas entre sus allegados/as. Ya se sabe, cuidame de mis amigos que de mis enemigos me valgo yo.
El caso es que mientras el Gobierno bipartido y su entorno son una jaula de grillos y grillas, lo más sensato de cada parte, Calviño y Díaz, están en la diana de los suyos. Van a por ellas. ¡País!, que diría el añorado Forges.
NO cabe duda de que el levantamiento del estado de emergencia en Galicia es una noticia excelente. Significa la vuelta a una cierta normalidad tras casi dos años de restricciones, impropias del ser humano. El virus, en este momento, es menos peligroso. Está bajo control. Las vacunas demostraron ser eficaces. Por lo tanto, es razonable que poco a poco volvamos a la normalidad, a la vieja normalidad. Destaco el mundo de las residencias de mayores, tanto para usuarios y familiares como para los trabajadores. Fueron los mayores damnificados. Sin embargo, aun con la mejoría, no echemos las campanas al vuelo. Puede volver. Es un temor generalizado. No hay más que ver la cantidad de gente que usa la mascarilla en lugares no obligatorios. Afortunadamente. Es muestra de prudencia y solidaridad. La consigna de no bajar la guardia ha de mantenerse. Incluso ha de insistir se en ella con fuerza. En los últimos días llegan noticias muy preocupantes de países cercanos al nuestro. Gran Bretaña e Irlanda entre otros, con los que desde Galicia hay intercambio diario de personas. Otros gobiernos del entorno tomaron medidas drásticas, por mucho que sean impopulares, como la obligación de la vacunarse. Disfrutemos del momento, pero con máxima precaución. Y preparémonos mentalmente para no deprimirnos si el virus vuelve al ataque. Más vale prevenir.
PSOE y PP acuerdan pactar la renovación de los miembros de importantes órganos institucionales. Tribunal de Cuentas, Agencia de Protección de Datos y Defensor del Pueblo gozan, digamos, de nuevos equipos directivos. Los cambios en el Tribunal Constitucional son parciales. Se limitan a cuatro puestos de un total de doce. Es positivo que haya sucedido, sin que por ello dejemos de entender a quienes critican la excesiva proximidad partidaria de los elegidos. Son las reglas de juego, muy parecidas a las de los países de nuestro entorno, pero que se pueden cambiar cuando la mayoría de diputados lo desee. Pudo hacerlo el PP con respecto al Consejo General del Poder Judicial, como llevaba en su programa. Si no lo hizo es de suponer que sería porque en aquel momento, gozando de mayoría absoluta, no le convenía. Ahora, quien no quiere es el PSOE. Desde el poder se ven las cosas diferentes. Resulta curioso que quien presenta el perfil más político de todos los nombrados sea el primero en acordarse. Se trata de Gabilondo, el nuevo defensor del pueblo. Tiene fácil explicación. Sánchez le debía una después de aceptar ser víctima resignada en las elecciones madrileñas y Casado otra porque su candidatura catapultó a Ayuso en Madrid y consecuentemente reactivó a los populares en toda España. Así de paradójica es la política.