Defender Alcoa desde la unidad

quiso la casualidad que unas pocas horas después de que Feijóo reafirmara la balsámica alianza de Galicia con PSA para convertir la planta viguesa en la más competitiva de la multinacional gala, Alcoa activase el proceso de despido de 534 trabajadores de su factoría de aluminio en San Cibrao, la mitad de la plantilla, como paso previo al traumático cierre definitivo. La noticia es no solo un mazazo para la comarca luguesa de A Mariña –“una sentencia de muerte”, avisa el alcalde de Cervo–, sino también para la fortaleza del tejido productivo de la comunidad. Las reacciones no se han hecho esperar, desde la del presidente de la Mancomunidad de Concellos da Mariña –“de Alcoa comemos todos”, recuerda Francisco Cajoto–, que ha convocado una cumbre de regidores de la comarca, hasta la del presidente de la Xunta, que le afea al Ejecutivo central que haya desperdiciado más de un año para evitar este descalabro presentido, pasando por la de la ministra Reyes Maroto, que le reprocha a la multinacional estadounidense –la tercera mayor productora planetaria de aluminio– su maniobra de desmantelamiento tras recibir “muchas ayudas públicas”. En medio, los balones fuera del PSdeG –sí salió a protestar sin pelos en la lengua el presidente de la Diputación de Lugo: “Alcoa estivo xogando con todos nós”–, y la hoja de ruta de oposición constructiva, siempre con propuestas, que la nacionalista Ana Pontón aplica también aquí. No le vemos recorrido, francamente, a su petición de nacionalización de la factoría. Sí creemos, en cambio, que apunta en la dirección correcta la presidenciable del BNG cuando reclama a los dos grandes partidos que no se enzarcen en un pimpampúm inútil, y receta centrarse en la búsqueda de soluciones para salvar miles de empleos ahora en peligro. Y creemos también que acierta el conselleiro de Economía cuando pone el foco en el origen del problema: el precio de la energía para producir aluminio primario no es competitivo, y ahí la primera palabra y la última las tiene el Gobierno de Pedro Sánchez. Abunda Francisco Conde en la denuncia de la inacción del Ministerio de Industria, y defiende que la solución todavía es posible porque depende de una decisión política. Si Alemania y Francia apuestan por sus industrias y las blindan con ayudas públicas, por qué España no lo hace. Entendemos que es precisamente eso lo que tienen que preguntar, unidos, la Xunta, el Parlamento, las cuatro diputaciones y la Fegamp. Cruzarse de brazos y pasarse la patata caliente de Alcoa no es una opción aceptable. Ni para A Mariña luguesa ni para Galicia.