El Correo Gallego

Noticia 1 de 1 Opinión » La Quinta

EDITORIAL

Más años de trabajo, peores pensiones

11.01.2019 
A- A+

VAMOS CAMINO, PASO A PASO, de una reforma dura, ¿traumática?, del sistema público de pensiones. La Autoridad Fiscal -institución independiente de control creada en 2013 por el Gobierno español, a instancias de Bruselas, para velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas y asegurar el crecimiento económico y el bienestar social- acaba de entrar en el resbaladizo debate del futuro de los subsidios con una serie de recomendaciones que levantan ampollas y que generan algo muy parecido a la alarma entre los ciudadanos, sobre todo los de la generación de la década de los sesenta, que divisan un horizonte con más años de cotización -de trabajo, por lo tanto- y con pensiones más modestas. Tras advertir de que ligar de manera indefinida al IPC la revalorización de los subsidios tendrá un sobrecoste asfixiante de cien mil millones de euros en la próxima década, la hasta ayer semidesconocida Autoridad Fiscal receta medicinas de fuerte impacto en el cuerpo social. Restringir el retiro anticipado para aumentar la edad real de jubilación e incrementar a lo cotizado durante toda la vida laboral el periodo de cálculo de la prestación, fijado actualmente en los últimos veintidós años, son las propuestas que más inquietud y malestar provocan. Conviene advertir de que el análisis con el que dicha institución se presenta en sociedad no peca precisamente de pesimismo, ya que apuesta porque llegarán a España casi trescientos mil migrantes, muchos más de los que prevén Eurostat y el INE, y eleva la tasa de natalidad a 1,9 hijos por mujer, seis décimas sobre la actual. Pese a tan optimista escenario, la Autoridad Fiscal anima a combatir la tóxica incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones con una medida inicial imprescindible: cerrar el agujero de 17.400 millones que soporta la Seguridad Social, mediante la asunción por el Estado de determinados gastos que ahora atienden las cotizaciones. ¿Cómo? Pagando con impuestos bonificaciones y gastos de personal que asume la Seguridad Social, y destinando a pensiones parte de las cotizaciones por desempleo. En cualquier caso, el documento debería ayudar a reactivar el debate en el Pacto de Toledo, los agentes sociales y el propio Gobierno central. Porque más allá de la polémica por sus recetas de rompe y rasga, lo que hace la Autoridad Fiscal es ponernos delante de una realidad compleja, la del déficit galopante de la Seguridad Social y del imparable envejecimiento demográfico. Es un territorio minado para la sostenibilidad de las pensiones públicas, que piden a gritos una reforma que blinde su futuro. Y cuanto antes, mejor.