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El Correo Gallego

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Ni batalla ni acoso y derribo: es Justicia

12.07.2019 
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DEBATE Argumentaba ayer el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera Molina, que la decisión del Ejecutivo de reclamar la propiedad del pazo de Meirás “es una batalla de Gobierno en la que ha decidido que es su enemigo y nos defenderemos de esta campaña de acoso y derribo con todas las armas que nos da la ley”. Se equivoca el letrado, de sonoros apellidos vinculados al régimen, cuando habla en esos términos. Al menos en lo que se refiere al tema ahora en disputa. Reclamar la devolución de esa propiedad es una reparación hacia los descendientes de unos gallegos que tuvieron que contribuir por la fuerza de la intransigencia a una humillante colecta. Por eso la que fuera residencia de doña Emilia Pardo Bazán debería revertir en el patrimonio público. Existen evidencias, éticas y morales, más que suficientes para pedir que los poderes del Estado insistan en sus demandas ante la Justicia y faltaba ese papel que acredita que algo olía a podrido cuando se intentaron legalizar unas acciones a todas luces irregulares: el supuesto contrato de compraventa del año 1941 era una argucia legal para ocultar el expolio. El hecho de celebrarse allí los Consejos de Ministros es la mejor evidencia de que hablamos de un edificio patrimonio del Estado. Eso y las facturas a cargo del erario público. La reclamación ni forma parte de una guerra ni hay campaña alguna. Es una deuda histórica.