El Correo Gallego

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EDITORIAL

Claridad con el (des)control horario

16.05.2019 
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EN UNA CARAMBOLA AFORTUNADA y casual, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha acudido en auxilio del Gobierno español, en medio de la tormenta desatada por el registro obligatorio de jornada en las empresas. Sentencian los jueces que ese control debe implantarse en todos los estados de la UE porque sin él es imposible determinar con la mínima fiabilidad exigible el número de horas de trabajo, porque garantiza que los empresarios respeten la duración máxima de la jornada y porque, en definitiva, es una herramienta que ayudará a evitar los abusos laborales. Las centrales españolas aplauden el fallo por entender que empodera a los trabajadores y defiende sus derechos. ¿Por qué, entonces, se ha generado tamaña controversia sobre un sistema que el TJUE considera objetivo, fiable y accesible para conocer todos los datos relativos a la duración efectiva del trabajo realizado? Conviene precisar que la sentencia no tiene que ver directamente con la decisión del Gobierno socialista de crear el registro de la jornada laboral, sino con una demanda que Comisiones Obreras presentó en la Audiencia Nacional contra Deutsche Bank, hace dos años. El caso es que los magistrados europeos refuerzan la hoja de ruta de Pedro Sánchez al ver en el control horario una manera útil para conocer, por ejemplo, cuándo empieza el tiempo de trabajo extra y si se cobra y se cotiza por él. Los argumentos del TJUE avalan el paso dado por el Ministerio de Trabajo, sí, pero no limpian la polvareda de una polémica alimentada por empresarios, sindicatos y empleados. Y es que la medida ha entrado en vigor con muchas prisas -un domingo-, con puntos oscuros -"feita a lei, feita a trampa", advertía ayer mismo en EL CORREO una enfermera-, y sin la necesaria campaña de información y concienciación. Se queja la ministra Valerio de que nadie se ha tomado en serio el registro obligatorio de jornada. Tal vez esta evidente desidia tenga mucho que ver con el descontrol, la incertidumbre y todas las preguntas sin respuesta sobre cómo implementar el sistema y a qué colectivos va a afectar. Aplaudimos sin reservas herramientas que ayuden a atajar el fraude laboral y a blindar el trabajo digno. Compartimos el deseo de Rocío de Frutos, artífice de la iniciativa, de que se aplique con honestidad, sin tretas. Y pedimos a la Administración central claridad para que todos sepamos a qué atenernos.