Más competencias, mayor autoestima

LO QUE HACE el Parlamento de Galicia con su reclamación unánime para reactivar el anestesiado proceso de traspaso de competencias, hasta alcanzar el techo marcado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, es un saludable ejercicio de autoestima, además de una sorpresa cocinada en la olla a presión del actual momento político. Se podrá cuestionar un parón en las transferencias que ha coincidido con los años de sangre, sudor y lágrimas de la Gran Recesión, pero nos parece que el Gobierno central se equivocará de medio a medio si permite que se agrande la brecha del agravio comparativo con Cataluña y País Vasco. Quizás a algunos les interese más poner el acento en el apoyo del PPdeG a una iniciativa del BNG y en las distancias que Feijóo marca frente a la hoja de ruta recentralizadora que abandera Pablo Casado. Tras una década sin una triste competencia que llevarnos a la boca, para nosotros lo relevante es esa infrecuente unanimidad de populares, rupturistas, socialistas y nacionalistas, aunque sea un acuerdo cogido con alfileres y con la oposición echándole en cara al presidente el tiempo perdido. Y lo relevante, sobre todo, es que los cuatro grupos que se sientan en los escaños del Pazo do Hórreo hayan despertado para intentar evitar una marginación competencial ahora agravada por los severos recortes en los primeros Presupuestos Generales de la convulsa era Sánchez. La diferencia de trato entre Galicia y las otras dos comunidades históricas queda retratada en varios datos contundentes: la Xunta asumió dieciséis traspasos de competencias entre 2000 y 2009 -menos de dos por año- y cero patatero entre 2010 y 2019, mientras que el Gobierno central acaba de ceder a Euskadi treinta y tres competencias de una tacada, entre ellas el control sobre las prisiones; Cataluña ejerce las competencias de Tráfico desde 1998 y el País Vasco, desde 1983, mientras que Galicia sigue a velas vir. Creemos que el acuerdo a cuatro bandas en O Hórreo marca un punto de inflexión, principalmente con la inclusión por el PPdeG de una cláusula que reclama para Galicia cualquier avance que en materia de autogobierno consiga otra comunidad autónoma. La sorpresiva y sorprendente luz verde a la iniciativa tiene un evidente calado político -le permite al inquilino de Monte Pío poner un oportuno cordón sanitario a los coqueteos con Vox, por ejemplo- y también un peligro igual de evidente: que los intereses políticos den al traste con esa unanimidad para pelear por el techo competencial. Sería un golpe a la autoestima y Galicia perdería oportunidades de progreso.