El Correo Gallego

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EDITORIAL

Jóvenes sin futuro

14.08.2019 
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NO POR ESPERADA causa menos de-sasosiego la radiografía con la que UGT y USO acaban de aprovechar el Día Mundial de la Juventud para volver a activar las alarmas sobre el negro presente y el incierto futuro de una generación que es la mejor preparada de la historia -se nos llena la boca presumiendo-, pero la que menos oportunidades disfruta. Para los jóvenes españoles -los gallegos están todavía peor que la media, con tasas de paro casi un 5 % más altas y sueldos un 21 % más bajos- es misión imposible emanciparse cobrando salarios por debajo de los 850 euros, que no les alcanzan para alquilar pisos -de comprar mejor ni hablamos- por los que en las grandes urbes piden entre seiscientos y novecientos euros mensuales, a lo que deben sumar los gastos de transporte y alimentación. Y los que son capaces de entrar en el mercado laboral deben sobrevivir en un escenario de precariedad, con tasas de temporalidad escandalosas, paro de larga duración y sobrecarga de horas extras. Con los alquileres disparados un 25 % en los tres últimos años y salarios que se alejan del mileurismo -lo que en los años locos de la burbuja se identificaba con el low cost es ahora, vivir para ver, poco menos que el paradigma del sueldo digno-, la juventud española navega al pairo en medio de una tormenta perfecta que provoca, por ejemplo, que la tasa de emancipación se haya desplomado por debajo del 20 % y que la edad media de maternidad se haya retrasado dos años, hasta los 31, en la década maldita de la Gran Recesión. Tienen razón los sindicatos cuando alertan de que lo único que el mercado laboral ofrece a los jóvenes es precariedad sonrojante, inestabilidad escandalosa y ausencia de derechos inaceptable. Tenemos perfectamente diagnosticadas las enfermedades, es cierto, pero somos incapaces de fabricar los antídotos, de encontrar los fármacos que las erradiquen y ayuden a crear un modelo de mercado laboral más ágil y eficiente, más justo. Si los jóvenes son el futuro de España, es una obligación de gobernantes y agentes sociales, de la sociedad toda, garantizarles el acceso a empleos estables con salarios dignos, crear un parque de vivienda pública de alquiler tasado, favorecer su emancipación y, en definitiva, liberarlos de la losa de la vulnerabilidad y del infierno de la falta de oportunidades. Se lo debemos, nos lo debemos.