El Correo Gallego

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EDITORIAL

Órdago de Cataluña por la financiación

22.08.2019 
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CON TODAS LAS COMUNIDADES clamando por una reforma que ya no puede esperar más, Cataluña le da una vuelta de tuerca al conflicto con el Gobierno central por la financiación autonómica. Mientras otros ejecutivos amagan, la Generalitat lanza un gancho al hígado de Pedro Sánchez con su denuncia ante los tribunales por el impago de los anticipos. Pere Aragonès culpa directamente al Estado del recorte en el gasto público de la Administración catalana, por la retención de 1.300 milones que corresponden a la mejora de la recaudación de los principales impuestos cedidos. El vicepresidente de la Generalitat cifra en nueve mil millones lo que las autonomías dejan de ingresar por IVA e IRPF -cantidad que equivale a las cuentas anuales de la Xunta, para hacernos una idea de su magnitud- y, además, acusa al Gobierno central de contabilizar ese dinero en el haber de su rebaja del déficit. Es una realidad palmaria que prácticamente todas las comunidades están recortando gasto, con el consiguiente deterioro de los pilares del Estado de Bienestar, por culpa de la infrafinanciación de los servicios públicos desde la Administración del Estado. En este escenario cada día más explosivo, Cataluña se planta e invita a otras autonomías a sumarse a su recurso judicial para obligar a la ministra María Jesús Montero a que pague los anticipos que retiene escudándose en el cuestionable argumento -suena más a chantaje para desatascar la investidura- de que el Gobierno en funciones está atado de pies y manos para liberar esos recursos. En los próximos días veremos si la brecha catalana prende, de alguna manera, en otras comunidades y si los gobernantes autonómicos están o no dispuestos a ir hasta el final en la batalla contra la asfixia financiera. La reacción de Feijóo es una de las más esperadas, si no la más, no en vano la Xunta lleva meses advirtiendo de que, si Hacienda no libera pronto los setecientos millones del IVA que le retiene, los presupuestos gallegos se resquebrajarán seriamente. La postura del inquilino de Monte Pío es diáfana: quiere un sistema de financiación que tenga muy en cuenta que los servicios públicos están condicionados por la demografía, la geografía y la orografía; un sistema asimétrico fundamentado en las necesidades de las personas y no en privilegios insolidarios; un modelo que blinde la integración y evite las lacras de la insolidaridad. Conseguirlo judicializando el problema, como busca Cataluña, no nos parece el camino correcto. Solo desde la política y desde la estabilidad institucional será posible acordar esa financiación que necesitan las autonomías.