Marlaska y la doble fila
NO se ha dado el caso, o al menos no ha trascendido, de un ciudadano que tras ser multado por aparcar en doble fila alegue animadversión política contra su persona para eludir el pago de la sanción. A quien recurriera a semejante argumento se le contestaría que lo esencial del caso no es si el policía local pertenece a un partido diferente al suyo, sino si estacionó incorrectamente.
La prueba que tiene que aportar el denunciado ha de centrarse en el hecho, no en cuestiones accesorias y subjetivas. Así planteado el asunto parece de sentido común, y sin embargo en defensa del ministro Grande-Marlaska se están utilizando razonamientos que tienen mucha semejanza con ese imaginario automovilista.
¿El cese de Pérez de los Cobos es consecuencia de una investigación que realizan sus agentes por orden del juez? Hubo un intento de sortear la respuesta colgándole al mando de la Guardia Civil el sambenito de una proximidad al PP. Lo mismo que en el ejemplo citado. Según parece sirvió bajo diferentes gobiernos y en todo caso esa supuesta cercanía ideológica ya existiría cuando el ministro tomó posesión, y a pesar de ello se le mantuvo en el puesto. Tampoco es coherente la destitución con la vigencia del estado de alarma ni con los innumerables elogios recibidos por el cuerpo por su actuación durante la crisis.
No olvidemos que lo sustancial no es eso. En la comunicación del cese que se dio a conocer ayer no hay duda de que la causa es la famosa investigación judicial. No queda la jueza al margen de las argumentaciones barrocas que se esfuerzan en transformar el caso en una conspiración política.
También a su señoría se le acusa de sesgo político, de una manera similar a cómo se arremetía contra Baltasar Garzón, la instructora de los ERE andaluces o los jueces de la Gürtel. Los políticos investigados por estos y otros togados alegaron persecución ideológica y presentaron a la Justicia como un apéndice de sus adversarios.
En este episodio se añade que las investigaciones de la jueza se basan en indicios débiles sobre la responsabilidad de las autoridades en la extensión de la pandemia. Ocurre que el garantista sistema judicial español establece una serie de obstáculos para que indicios sin fundamento acaben en sentencia. La propia jueza puede archivar el asunto una vez hechas las averiguaciones preliminares.
En todo caso no es el político implicado el que debe valorar si hay indicios o no porque eso sería tanto como darle al automovilista la potestad de decidir si lo multan o no por tener el coche mal aparcado. ¿Por qué no extender ese privilegio procesal a todos los investigados aunque no ocupen ninguna responsabilidad pública? Bastaría con alegar que el indicio es débil para anular cualquier investigación.
La independencia del poder judicial es incómoda. Que se lo digan a Mariano Rajoy, cuya pasión y marcha acaba de cumplir dos años. Fue una sentencia la principal coartada para censurarlo, dictada por la misma Justicia que ahora molesta a quienes lo derribaron. Así que el meollo del episodio que protagoniza el ministro del Interior está en los hechos, no en oscuros complots. ¿Se aparcó o no en doble fila?.