Aragonès defiende el aval para los encausados del Tribunal de Cuentas

Barcelona. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reivindicó la “legalidad” del fondo creado para ayudar a los ex altos cargos del Govern a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas millonarias por promover el 1-O en el extranjero: “Ante decisiones arbitrarias, actuaciones decididas y de acuerdo con la ley”, dijo.

“Cualquier servidor público tiene derecho a ser defendido por su administración”, sostuvo el president durante su comparecencia de este miércoles en el Parlament sobre “la desjudicialización del conflicto político entre Cataluña y España”.

Aragonès se expresó así después de que el Gobierno de Pedro Sánchez apuntara que estudiará la solidez jurídica del decreto ley por el cual se crea el mencionado fondo, que PP, Cs y Vox ya dijeran que recurrirán.

Además del recurso contra el fondo, populares y Vox también anunciaron que denunciarán al Govern catalán por malversación.

El presidente catalán, que negó cualquier irregularidad, aseguró que la Generalitat ha hizo “lo que haría cualquier gobierno” para proteger a sus trabajadores y velar por que se respete su “presunción de inocencia” frente a una persecución “ideológica”.

“Es injusto que hoy se vean obligados a responder con su patrimonio porque no se les juzga porque se hayan saltado las normas, sino por la intencionalidad de sus ideas políticas”, apostilló.

Con la creación del fondo a través del cual la Generalitat contraavalará las fianzas por valor de 5,4 millones que 34 ex altos cargos de la administración catalana deben liquidar antes del 21 de julio, “se ha hecho una solución que es de emergencia pero que es de cobertura general para evitar que las personas perseguidas tengan que responder con patrimonio particular unas fianzas que son indecentes”.

El líder del PP, Pablo Casado, espera que el Gobierno recurra el fondo creado por el Govern para ayudar a los dirigentes independentistas a los que el Tribunal de Cuentas pide fianzas millonarias por promover el procés: “Eso espero, lo pedimos ayer. Es lo mínimo que tenemos que hacer por responsabilidad”.

Casado, en declaraciones a los medios en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), recordó que su partido recurrirá este fondo de 10 millones de euros por un delito de malversación y prevaricación, al igual que harán Ciudadanos y Vox, y sobre el que el Ejecutivo dijo que “revisará”.

Lo que el PP está estudiando es si lo van a recurrir ante el Constitucional o ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, según dijo.

Sobre la ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno, Casado cree que es “un auténtico disparate” que conduce a un sistema “que todos queremos evitar, que va contra las libertades”. efe