Bruselas urge a España a desbloquear y reformar el CGPJ en línea con Europa
Recuerda que la renovación está pendiente desde 2018 y han llamado repetidamente a cambiar el sistema de nombramientos
La Comisión Europea ha avisado de nuevo este miércoles a España de que es una “prioridad” que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al tiempo que ha exigido que “inmediatamente después” de tal renovación se inicie la reforma que permita que los siguientes nombramientos de este órgano de gobierno lo realicen los propios jueces, en línea con los estándares europeos.
Así consta en la lista de recomendaciones específicas que el Ejecutivo comunitario dirige a España en su evaluación anual del Estado de derecho en el conjunto de los Estados miembro, un examen que busca ayudar a los países a reforzar su orden democrático y que, por primera vez, incluye recomendaciones específicas para cada uno de ellos.
Con estas recomendaciones, Bruselas confía en “animar” a los Estados miembro a asumir las mejoras necesarias en sus respectivos sistemas y ayudarles a identificar “dónde es necesario mejorar”, si bien se trata de indicaciones no vinculantes sobre las que los servicios comunitarios volverán a analizar han sido tenidas en cuenta en el siguiente informe anual.
“Queremos ayudar a centrar el debate y apoyar a los Estados miembro en sus esfuerzos de reformas, seguimos en el espíritu preventivo de este ejercicio”, ha indicado la vicepresidenta comunitaria para Estado de derecho, Vera Jourova, en una rueda de prensa para presentar los resultados y matizar que este diagnóstico no implica medidas ni sanciones por parte de Bruselas.
Bruselas recuerda que la renovación del CGPJ está pendiente desde diciembre de 2018 y que, desde entonces, “sigue siendo una preocupación” para los servicios comunitarios, que han llamado repetidamente a modificar el sistema de nombramientos para que la menos la mitad de los vocales sean elegidos por los propios jueces.
El Ejecutivo comunitario hace suyos los criterios del Consejo de Europa, organismo ajeno a la UE, cuando evoca los “estándares europeos” para que “no menos de la mitad de los miembros sean elegidos por sus pares”.
En el caso de España, además del problema con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Ejecutivo comunitario vuelve a poner el foco igualmente en la preocupación con la que observa la independencia del Ministerio Fiscal con respecto al Gobierno, si bien constata que se han adoptado “enmiendas dirigidas a una mayor transparencia en las relaciones” entre ambos.
Sobre este punto, la recomendación comunitaria apunta la necesidad de “reforzar” la independencia del Fiscal General y desvincular la duración de su mandato respecto al periodo de legislatura del Gobierno, en línea con los estándares europeos sobre independencia y autonomía de la Fiscalía.
AVANCES. En todo caso, el informe sobre la situación en España apunta que sigue habiendo “avances” en la calidad del sistema judicial español y nombra ejemplos como medidas para facilitar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, la reforma del código penal y la ley sobre el derecho de defensa.
Asimismo considera que la digitalización de la justicia va por buen camino y el Estado miembro está “abordado las deficiencias” detectadas y señala que sigue estando pendiente mejoras en materia de recursos para el poder judicial o la duración de los procedimientos.
PLURALISMO Y LUCHA POR LA LIBERTAD DE PRENSA. En el plano de la libertad de prensa y el pluralismo mediático, la Comisión emplaza al Gobierno a garantizar que la autoridad regulatoria para contenidos audiovisuales en España, es decir, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) disponga de los “recursos necesarios” para reforzar sus operaciones de supervisión y control.
También recomienda “trabajar par reforzar el acceso a la información, en particular a través de la revisión de la Ley de Secretos Oficiales”, según recoge el informe específico de España firmado por el Ejecutivo comunitario.
Otras cuestiones que destaca la evaluación del sistema español es la necesidad de crear un registro obligatorio de ‘lobistas’ y la de “encarar los retos” que suponen la larga duración de las investigaciones y enjuiciamientos en los casos de corrupción “de alto nivel”, de los que Bruselas ve con preocupación que siguen un proceso “lento y complejo”.
Madrid. El 89 % de los españoles considera que la corrupción está “totalmente extendida” en el país, según un Eurobarómetro que publicó este miércoles la Comisión Europea.
El porcentaje es superior al de la media en la Unión Europea, que se sitúa en el 68 %, y coloca a los españoles como los sextos más preocupados por la corrupción, junto a los italianos (también un 89 %) y por detrás de griegos (98 %), chipriotas y croatas (ambos 94 %), húngaros (91 %) y portugueses (90 %).
Por contra, solo el 16 % de los daneses considera que la corrupción está extendida en su país, seguidos de los finlandeses (17 %) y los suecos (32 %).
En España, no obstante, la percepción que existe en términos generales sobre la extensión de la corrupción ha bajado ligeramente respecto a 2019, cuando el porcentaje se situó en el 94 %.
De hecho, menos de la mitad de los encuestados (un 48 %) cree que la corrupción ha aumentado en los últimos tres años, frente al 42 % que considera que ha permanecido igual.
Si se observan los datos con mayor detalle, el 83 % de los españoles considera que los sobornos y el abuso de poder para obtener beneficios personales están extendidos entre los partidos políticos, a quienes los ciudadanos sitúan en lo alto de la tabla de la corrupción.
Ese porcentaje baja hasta el 67 % si en vez de preguntar sobre las formaciones políticas se hace respecto a los políticos a nivel nacional, regional o local.
Además, el 51 % de los españoles considera que los sobornos y el abuso de poder están extendidos entre los funcionarios que otorgan licitaciones públicas para la construcción y un 44 %, que lo están entre las empresas privadas y los bancos e instituciones financieras.
Respecto al impacto de la corrupción en España, un 51 % de los ciudadanos cree que no afecta a su vida privada, frente al 46 % que opina que sí y un 3 % dice no saberlo.
Un 22 % de los españoles considera “aceptable” hacer un favor en si se quiere obtener algo de la administración pública y un 20 % cree que es correcto dar un regalo, aunque solo el 7 % daría dinero.
Aun así, el 93 % de los encuestados no han experimentado o presenciado ningún caso de corrupción en los últimos doce meses. EFE