Calviño prefiere ver la evolución del empleo antes de subir el SMI
Da a entender que no se llevará a cabo este año el incremento hasta los 1.000 € //El Gobierno aprueba la ley que garantiza la revalorización de las pensiones
La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, abogó ayer por esperar a ver cómo evoluciona el empleo en la segunda parte del año antes de tomar una decisión sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), congelado en 2021 en 950 euros brutos mensuales.
“Vamos a ver cómo evoluciona el empleo durante esta segunda parte del año y espero que cuanto antes se recupere la senda de subida del SMI en la que estábamos cuando nos golpeó la pandemia”, dijo Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Incidió en que la situación económica sigue estando marcada por incertidumbre y que en ese contexto la prioridad es impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, así como la reincorporación a la actividad de los más de 400.000 trabajadores que aún quedan en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
“Vamos a ver cómo avanza la segunda parte del año y el diálogo social, sabiendo que todo el Gobierno está comprometido con subir el salario mínimo”, insistió la vicepresidenta, que recalcó que la actuación del Ejecutivo en materia laboral vino marcada por las palabras “compromiso y responsabilidad”.
Las palabras de Calviño, que dan a entender que no habrá subida del SMI en 2021, contrastan con la posición de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que el lunes decía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que tomar una decisión cuanto antes para proteger el poder adquisitivo del 10 % de los ocupados que están sujetos al SMI, sobre todo jóvenes y mujeres.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclamó al Gobierno que “cumpla su compromiso” y le ha pedido que suba ya el salario mínimo interprofesional (SMI), congelado desde comienzos de 2021, hasta situarlo para la segunda mitad del año en los 1.000 euros.
En una entrevista en TVE, el líder de UGT aseguró que esta subida del SMI es “una cuestión de justicia” porque “hay mucha gente que lo está pasando muy mal”, al tiempo que responde a un crecimiento económico “que va a batir récord” en el último trimestre del año, informa Efe.
“España tiene un compromiso para llegar en 2023 al 60 % del salario medio, es decir, entre 1.100 y 1.200 euros, y para ello este año tiene que subir el SMI”, dio Álvarez, quien consideró que “una subida que no llegue a los 1.000 euros este medio año no tiene demasiado sentido”.
Por otro lado, el Gobierno defendió que el primer paquete de medidas aprobado ayer para reformar el sistema de pensiones “recupera el consenso” y da “tranquilidad” al volver a vincularlas a la evolución de la inflación.
El Consejo aprobó el “Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones”.
Según destacó María Jesús Montero, se trata de un “importantísimo” proyecto normativo que da “tranquilidad” a los pensionistas que saben que sus pensiones “se van a revalorizar con la inflación”.
Madrid. El Consejo de Ministros también aprobó ayer el real decreto de medidas urgentes para reducir la temporalidad en las administraciones públicas firmado el lunes entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los sindicatos más representativos del sector.
La ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que se trata de una reforma que se impulsa por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y que busca simplemente acabar con la temporalidad en el sector público, “tal y como se ha acordado con la Unión Europea”.
Montero destacó que el objetivo es el de reducir la temporalidad por debajo del 8 % de las plazas de carácter estructural en todas las administraciones.
“El mapa de cómo se comporta esta temporalidad es realmente asimétrico y las autonomías, debido a la prestación de servicios sanitarios y educativos, son las que tienen una mayor temporalidad. La norma pretende dar respuesta a ese elenco de realidades distintas”, añadió. Además, valoró que el acuerdo también se sometió al análisis de las comunidades autónomas y entidades locales y destacó que se limite la duración máxima de la relación de interinidad a 3 años.
“Es una reforma que urgía en nuestro país, porque el sector público tiene que ser ejemplar en el uso de la temporalidad”, añadió, tras destacar que “lo fijo” debe ser la tónica en todos los sectores, también en el privado.
Las medidas afectarán a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 y que no se vieran incluidas en los procesos de estabilización previstos en los acuerdos para la mejora del empleo público. e. press