Cataluña está obligada a cumplir el fallo sobre el castellano, dice Alegría

La ministra de Educación, Pilar Alegría, reconoció que la sentencia sobre el uso del castellano en las escuelas de Cataluña es “de obligado cumplimiento” por parte de cualquier administración pública.

Se refería así a la situación creada tras el fallo del Supremo de no admitir el recurso de casación que la Generalitat presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le ordenaba garantizar el castellano como lengua vehicular, como mínimo en el 25 % de materias, por lo que este fallo pasa a ser firme, informa Efe.

En declaraciones en el Congreso, precisó que dará “todas las explicaciones” que se le soliciten en esta cámara, pero que podía adelantar que ante “una sentencia firme no cabe debate, es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública, sea la Generalitat o cualquier ciudadano”.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, consideró “absurdo” y “kafkiano” el debate a cuenta de la inmersión lingüística en Cataluña, porque en su opinión no es cierto que el castellano esté “perseguido” en dicha comunidad, y él mismo se puso como ejemplo al declararse “hijo” de este modelo educativo.

“Yo soy un hijo de la inmersión lingüística y creo que, como pueden ver, hablo castellano perfectamente, me cuesta a veces, pero lo hablo”, contestó a los periodistas que en los pasillos del Congreso le preguntaron por el cumplimiento de la sentencia del Supremo sobre el uso del castellano en escuelas catalanas.

Reiteró el diputado republicano su convicción de que no existe un problema real en Cataluña con este asunto, más allá de las “denuncias superminoritarias de unas familias con un interés político que yo respeto”, apuntó.

Y derivó también la responsabilidad por la polémica a “una parte del poder judicial que va en contra de según qué ideas y según qué grupos”, percepción que a su entender no sólo tiene ERC sino “parte del Gobierno”.

En este sentido, manifestó que, aunque la ministra de Educación recordara que la sentencia del Supremo es “de obligado cumplimiento”, a él le consta que “otros portavoces” del Ejecutivo reconocen el “éxito” del sistema educativo de inmersión lingüística implantado en Cataluña.

Por ello, dijo esperar que “todo el mundo” reconozca que este modelo “ha cohesionado la sociedad catalana durante cuarenta años”.

Cuando se le preguntó si se pueden incumplir las leyes sin consecuencias, insistió en lo minoritario de los casos que acabaron en el Supremo y que en Cataluña “la gente no está pensando que el castellano está perseguido”.

Si fuera cierto, concluyó, él no podría responder a las preguntas de los periodistas en este idioma.

El Consejo Escolar de Cataluña defendió por su parte el modelo lingüístico de la escuela catalana: “Naturalmente la educación es y debe ser en catalán”, informa Efe.

En un manifiesto divulgado este jueves, el organismo rechaza “intervenciones políticas o sentencias judiciales, como la reciente del Tribunal Supremo del 25 %, que atacan el modelo lingüístico ampliamente consensuado en la Ley de Educación de Cataluña”.

El órgano consultivo de la Generalitat añade que “de acuerdo con el modelo lingüístico del sistema educativo catalán, corresponde a los centros educativos establecer los criterios pedagógicos para el tratamiento de las lenguas en el marco del proyecto lingüístico de centro”.

Anima a la comunidad educativa a “persistir en la defensa proactiva del uso del catalán en la educación”.

En el manifiesto, explica que se llegó a este consenso en la década de los años ochenta y que, desde entonces, cambios de todo tipo han reducido el uso del catalán.

Reafirmó su compromiso de continuar trabajando para “garantizar la formación global y la competencia comunicativa plena de todo el alumnado en catalán y castellano, y los conocimientos en una lengua extranjera”.

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans ha convocado una jornada de huelga para este viernes en los institutos catalanes contra la sentencia del Supremo, emplazando a docentes y direcciones a apoyar y evitar realizar actividades evaluables.