Cinco días tienen los presos del ‘procés’ para presentar alegaciones a su indulto
El Supremo les da la oportunidad de expresarse antes de emitir su propio informe
Madrid. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dado cinco días de plazo a los doce condenados por el procès para que expresen lo que consideren “conveniente” acerca de las peticiones de indulto formuladas a su favor, de cara a que el TS elabore su informe al respecto.
El Supremo ha acordado en una serie de providencias –una por penado– darles audiencia para que en cinco días cada uno de ellos “exprese lo que tenga por conveniente acerca de esa petición y formule, si lo considera oportuno, alegaciones previas a la elaboración por esta sala del informe que ha de prestar”, según informa Europa Press.
La sala II explica que ha decidido escuchar lo que tenga que decir cada condenado, puesto que las peticiones de sus indultos no proceden de ellos, sino que están promovidas por “terceras personas e instituciones”.
Se presentaron al menos siete peticiones de indulto a favor del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras; los ex consejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raul Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; los Jordis -Sánchez y Cuixart-, y la expresidenta del Parlament Carma Forcadell.
Algunas de ellas se refieren a todos los condenados y otras únicamente a algunos.
El indulto referido a Junqueras –condenado a trece años por sedición y malversación de caudales públicos– fue presentado por varios internos de la cárcel de Lledoners donde cumple su pena, el presidente del partido Justicia Económica y Social (JES) Sergio Querol, el jurista Francesc Jufesa y otro particular, Juan Andrés Arnáiz Cabezas, quienes pedían el indulto total o parcial mediante la reducción de la pena de prisión impuesta o la sustitución de ésta de inhabilitación.
El Supremo, conforme establece la ley, ha recabado los informes requeridos por el trámite del indulto. Tiene ya en su poder el de los servicios penitenciarios, el de la Fiscalía y el de la Abogacía del Estado, tras lo cual deberá emitir el suyo propio y enviarlos todos al Ministerio de Justicia, que los estudiará para adoptar una posición que llevará al Consejo de Ministros.
La Fiscalía se ha opuesto a la concesión de la medida de gracia, debido la gravedad de los hechos y al entender que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen su aplicación.
La Abogacía del Estado, por su parte, ha rehusado pronunciarse a favor o en contra de estos indultos, por considerar que es una decisión que compete únicamente al Gobierno, si bien ha destacado que el “perjuicio económico” provocado con el referéndum independentista del 1-O estaría reparado.
Sin embargo, ninguno de estos informes es vinculante para el Gobierno, que tiene la última palabra sobre los indultos. La concesión, en caso de producirse, compete al rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció en una comparecencia parlamentaria del 23 de septiembre que los indultos a favor de los condenados por el procés comenzarían a tramitarse la semana siguiente y, en una entrevista concedida el 30 de diciembre a Rac1, auguró que terminarían en el primer semestre de 2021. e.p.