El derecho a la verdad, la cuenta aún pendiente con 377 víctimas de ETA
Los atentados que no se han podido resolver se cometieron en los ochenta en su mayoría
Madrid. El 44 % de las familias de víctimas de ETA no sabe quién mató a su padre, hijo, marido o hermano. 377 crímenes sin resolver, sin una sentencia de condena firme.
La mayoría ocurrieron en los años ochenta, cuando la banda atentaba cada tres días, y ya han prescrito para la justicia. ¿Pero dónde queda el derecho a la verdad?
Con motivo del Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, que se celebraba este sábado, Toni Salvá, padre de Diego Salvá, una de las dos víctimas del último atentado mortal de la historia de ETA, relataba a Efe que conocer la identidad del asesino o asesinos de su hijo permitiría a su familia “cerrar un capítulo, una herida que no sana”. Su caso aún no ha prescrito.
Otros, que en algún momento perdieron la esperanza, aguardan expectantes la visita a España en noviembre de un grupo de eurodiputados que recabarán información sobre estos casos.
Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT y autora del primer informe sobre los crímenes sin resolver de ETA, lamenta que esta misión de la Eurocámara está creando “falsas expectativas”.
Sin embargo, asegura que no todo está perdido para unas familias cuyo derecho a la verdad no prescribe.
Una herida que no sana. El 30 de julio de 2009, Antonio sufrió el peor golpe de su vida. ETA había asesinado a su hijo y a su compañero Carlos Sáenz de Tejada, guardias civiles de 27 y 28 años, en un atentado con bomba-lapa en la mallorquina Calviá.
Más de una década después, no sabe quién acabó con sus vidas. “Es como si te clavan un puñal en el alma y la herida se va haciendo cada vez más grande”, relata.
Aun guardando la discreción sobre el caso, detalla que se abrieron diligencias “hace poco tiempo” que implican en el atentado a dos etarras presos por otras causas.
Su esperanza está renovada, pero su partido de fútbol particular ya está “en la segunda parte”. “Vamos a contrarreloj”, añade.
El último atentado mortal de ETA prescribirá para sus autores materiales en ocho años. Antonio teme que los responsables de la muerte de su hijo no paguen por ello. “La prescripción es una estupidez”, subraya.
La visita de los eurodiputados, comenta, les da “algo de esperanza”, ya que puede “despertar” a instituciones como Interior o la Audiencia Nacional, de las que asegura, también son “víctimas”.
Daniel Portero es el presidente de la asociación Dignidad y Justicia, que llevó en 2016 una petición a Bruselas para que la comisión de Peticiones de la Eurocámara enviase una misión a España para investigar los crímenes sin esclarecer de ETA.
Cinco años después dice estar “muy satisfecho” de recibir, tras un aplazamiento causado por la pandemia, a la expedición de eurodiputados que apoyaron su iniciativa. Lo hicieron los grupos del Partido Popular Europeo (PPE), Ciudadanos y Vox.
En total, 336 asesinatos de ETA sin resolver ya han prescrito. Pero, según Portero, hay una alternativa para juzgar a los dirigentes que dieron luz verde a los atentados.
Se trata de la vía de los crímenes de lesa humanidad, que está indicada para los delitos especialmente atroces y sistemáticos contra una población civil. J.F. Sánchez