El Gobierno no pretende subir más allá de los 67 la edad legal de la jubilación
Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 no incluirán todas las medidas fiscales que se pactaron con Unidas Podemos
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que en el Gobierno no hay intención de elevar la edad legal de jubilación, actualmente cifrada en los 65,8 años y que alcanzará los 67 años en 2027.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz recordó las palabras que pronunció la semana pasada el ministro de Inclusión, Jose Luis Escrivá, quien abogó por acercar la edad real de jubilación -que está en los 64,6 años- a la legal.
“Esto significa que, hoy por hoy, en nuestro país la edad efectiva está por debajo de la edad legal. El objetivo es ver cómo progresivamente vamos acercando esa edad a la legal. Ése es el camino a recorrer”, dejó claro Montero.
Durante su intervención ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo la semana pasada, Escrivá apuntó a la necesidad de incentivar la jubilación tardía y desincentivar la anticipada para elevar esa edad efectiva y con ello poder hacer más sostenible el sistema de pensiones.
Al día siguiente, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se manifestó en contra de prolongar la edad de jubilación, algo que como dijo ayer Montero, “en ningún caso planteó Escrivá”, por lo que “no aprecia contradicción entre las palabras de cada ministro”.
Por otra parte, y en relación con las cuentas públicas, avanzó que algunas de las medidas fiscales previstas en el acuerdo de Gobierno se pospondrán hasta que la situación económica “lo aconseje”, por lo que no se incluirán en el proyecto presupuestario del próximo año.
Eludió concretar cuáles serán los cambios que se retrasan -estaba previsto subir el IRPF a las rentas altas o establecer un tipo mínimo efectivo en el impuesto de sociedades, entre otros-, aunque insistió en que la recaudación será suficiente para sufragar el Estado del bienestar.
La ministra también explicó que el plan normativo del Gobierno solo recoge los impuestos sobre servicios digitales y transacciones financieras porque son los que necesitan de una ley propia al tratarse de figuras de nueva creación.
Adicionalmente, el proyecto presupuestario incluirá algunos “ajustes” en determinadas figuras fiscales que sin embargo no detalló, de forma “que permitan en un momento de caída de recaudación” preservar el actual Estado del bienestar en el país.
Como ya había apuntado en otras ocasiones, la reforma fiscal en profundidad se abordará “a lo lago de la legislatura” cuando la situación económica lo permita.
Iglesias, con EH Bildu y ERC. Por otra parte, el Ejecutivo subrayó que los presupuestos generales del Estado los elabora la ministra de Hacienda pero que “cualquier iniciativa” para posibilitar el acuerdo con otros partidos será bienvenida.
Así respondieron la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la titular de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, al ser preguntadas por las reuniones que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, mantendrá hoy con ERC y EH Bildu de cara a la próxima negociación presupuestaria.
“Los presupuestos los tiene que hacer la ministra de Hacienda y los coordinaremos las dos formaciones que componemos el Gobierno”, insistió Calvo, quien recalcó que “son unos presupuestos que coordinaremos las dos formaciones” y que “cualquier miembro del Gobierno puede hablar con los grupos parlamentarios; eso forma parte de lo que es bastante habitual en un Gobierno de coalición, puede ser novedoso desde fuera, pero no lo es”.
Explicó que ella misma está realizando una ronda de contactos con los grupos, “pero el proyecto lo está elaborando Hacienda con el acuerdo de ambos partidos”.
Madrid. La nueva Ley de Memoria Democrática cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Ministros prevé declarar “nulos de pleno derecho” los juicios sin garantías del franquismo, transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil y destinar fondos para recuperar restos de las fosas comunes.
Son algunos puntos de una norma que prohibirá fundaciones o asociaciones que reciban fondos públicos y “que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales”, algo que ya ocurre en otros países europeos.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, explicó que el texto, que ahora recibirá el informe previo del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, plantea suprimir títulos nobiliarios relacionados con la dictadura, como el Ducado de Franco.
La norma también prevé retirar condecoraciones a personas relacionadas con el régimen franquista y que las recibieron por su actividad en contra de la democracia, como la concedida al policía fallecido Billy el Niño.
Además, se transformará el actual Panteón de Hombres Ilustres en un Panteón de España, donde se reconozca el valor histórico de hombres y mujeres españoles de la política, la ciencia o las artes, en tanto que el Valle de los Caídos se convertirá en un cementerio civil, en el que se rinda homenaje a las casi 30.000 víctimas de ambos bandos que reposan allí.
El Gobierno no tiene encima de la mesa la demolición de la gran cruz de 150 metros que preside la Basílica del Valle de los Caídos dentro de la reconversión de este enclave, y deja esta decisión a expensas del proceso de “resignificación” del mausoleo franquista. Así lo aseguran fuentes del Gobierno sobre un texto que podría entrar en las Cortes a comienzos de año para su aprobación definitiva antes del verano. efe