El juez da dos días a Luceño para la fianza de 4 millones

El juez del caso mascarillas ha dado un plazo de 48 horas al empresario Alberto Luceño, investigado junto a Luis Medina por una posible estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario, para que abone los cuatro millones de euros que le quedan por asegurar de fianza.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha requerido al empresario el pago de 4.023.966,94 euros y ha rechazado imputarle un delito de alzamiento de bienes -que sí pesa sobre Medina- ni un delito fiscal, como pedía alguna acusación.

Según el juez, hasta el momento sólo ha podido ser embargado a Luceño un inmueble valorado en 1,1 millones de euros, diversos vehículos valorados en 946.136,66 euros y el saldo de cuentas corrientes por un importe de 129.140,70 euros.

Por ello y teniendo en cuenta que el importe de sus responsabilidades pecuniarias alcanza los 6,2 millones de euros, el magistrado ha fijado para él una fianza de cuatro millones de euros, como pedía el fiscal, que deberá abonar en un plazo de 48 horas.

En el mismo auto, rechaza ampliarle la imputación a un delito de alzamiento de bienes al no haber “realizado disposiciones patrimoniales tras su declaración” el año pasado ante la Fiscalía Anticorrupción, ya que el dinero de vender tres coches fue ingresado en las cuentas de su sociedad, Takamaka Invest S.L.

Además, tiene en cuenta que Luceño ha aportado los relojes que se le han pedido y ha justificado los gastos necesarios para su vida y las necesidades de su empresa.

Rechaza también investigarle por delito fiscal, como pedía la acusación popular ejercida por Podemos, dado que considera que “por el momento no hay indicios de elusión de impuestos”.

El juez dicta una providencia en la que atiende la petición del Ayuntamiento de Madrid, que también es acusación, y de Podemos, y requiere al Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional (ICC Spain) una serie de datos sobre los contratos suscritos por ambos empresarios que constan con membrete de dicha institución. En concreto, pide que le informe si este organismo tiene establecidas pautas o recomendaciones sobre los porcentajes de las comisiones que se consideran adecuados por el desempeño de las funciones de agente o facilitador en la celebración de operaciones mercantiles.

También si la Cámara ha participado en la elaboración de los contratos que se investigan o si ha autorizado la incorporación de su membrete a los mismos, si se corresponden con los modelos de documentos avalados por la ICC o si los investigados son socios de la institución. Según la Fiscalía Anticorrupción, ambos empresarios se embolsaron 6,6 millones de dólares en comisiones por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia.

Por otra parte, el juez del caso de las mascarillas ha solicitado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España (Sepblac) que le remita el informe que dio pie a la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño.

En la providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado Adolfo Carretero pide el informe que solicitó Mas Madrid, acusación popular en el caso, para que conste en la causa y así las partes puedan tener acceso, confirmaron fuentes jurídicas.

La investigación de Anticorrupción sobre la supuesta estafa con material sanitario vendido durante la pandemia al Ayuntamiento de Madrid por los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina se inició a raíz de un informe del Sepblac, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, que apuntaba a la posibilidad de un delito de malversación de caudales públicos, que consiste en la apropiación indebida de dinero público por parte de una autoridad o de un funcionario.

Así, en unas diligencias fechadas en diciembre del año 2020, un mes después de iniciarse la investigación, el fiscal pidió a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que negoció los contratos con los dos imputados al inicio de la pandemia, que identifique a las personas que negociaron los términos de esos contratos, consta en el sumario.

Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción interpuso querella contra Luceño y Medina por los supuestos delitos de estafa agravada, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales, por presuntamente haberse embolsado 6,6 millones de dólares en comisiones de tres contratos con el consistorio.