El PP exige al Gobierno una mayor contundencia contra la ocupación ilegal

Entre enero y junio de este año, se registraron 7.450 denuncias por ocupación ilegal en toda España. Supone un incremento del 5% con respecto al mismo período del año pasado. Los casos de la llamada okupación se dispararon durante los meses de confinamiento. Y el PP presenta una proposición de ley orgánica contra estas acciones, “para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad”. En Ferrol, se denunciaron hechos de este tipo en los últimos tiempos en el barrio de A Magdalena. Y los senadores Juan Juncal y Verónica Casal escogían este viernes la plaza de Amboage para mostrar el contenido de la proposición.

El texto exige al Gobierno presidido por Pedro Sánchez que actúe “ante el alarmante incremento de episodios”. Los populares toman los datos mostrados por el propio Ministerio del Interior. Según la senadora Verónica Casal, “la okupación es un fenómeno creciente en España, queremos que se conceda una solución inmediata y efectiva para los propietarios que la sufren, que se garantice la convivencia pacífica y la seguridad de los vecinos ante la pasividad del Gobierno de Sánchez”.

Con cinco puntos, la proposición se abre “al consenso político de todas las fuerzas”. Y presenta novedades como la recuperación del delito de usurpación. En este caso, incluiría una pena de cárcel de uno a tres años “y que el PSOE rebajó a multas”. La petición incluye que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encarguen del desalojo de los okupas, y lo hagan en un plazo máximo de 12 horas “para otorgar así seguridad jurídica a los servidores públicos”.

El senador Juan Juncal añadió que también se reclama la prohibición a los ayuntamientos del empadronamiento de aquellas personas que ocupan ilegalmente una vivienda. El texto pide que las comunidades de propietarios tengan mayores facilidades para la adopción de medidas legales ante los comportamientos violentos, “así como para poder actuar directamente ante los tribunales”. El ferrolano Juan Juncal admite que esta problemática también está afectando a Galicia, “quizás a Ferrol en menor medida”.

Recuerda el Partido Popular que “la vivienda se protege en el ordenamiento jurídico español para evitar la ocupación, tanto desde la perspectiva penal como civil y administrativa, y además para combatir esta forma de delincuencia y salvaguardar la propiedad”. Dentro de esa iniciativa de los populares contra la ocupación ilegal, el partido presentó una campaña de recogida de firmas este viernes en A Coruña. Asistieron la diputada en el Congreso, Tristana Moraleja; el senador, Miguel Lorenzo; y el portavoz municipal, Roberto Rodríguez. La recogida se realizará en todas las sedes del PP en la provincia y en la plataforma Change.org, “para luchar así contra esta lacra social”.

A mayores, se presentarán mociones en más de 7.000 ayuntamientos de toda España (en aquellos en los que el PP cuenta con representación). Según señala el senador Miguel Lorenzo, este partido “no puede mirar para otro lado” ante este problema. Los populares cargan contra el Gobierno central: “Pedro Sánchez y Pablo Iglesas niegan esa ocupación ilegal y se ponen al lado de los asaltantes, en vez de ponerse al lado de las familias y los vecinos”.