El PSOE apuesta por volver a las penas anteriores al ‘solo sí es sí’

Alberto Núñez Feijóo ha ordenado facilitar la modificación de la ley del solo sí es sí, para intentar frenar las rebajas de condenas a los delincuentes sexuales que, en opinión del PP, han creado «alarma social». El presidente de los conservadores no quiere aclarar todavía si sus diputados en el Congreso se abstendrán o apoyarán la proposición de ley que ayer presentó el PSOE en solitario, tras no llegar a un acuerdo con su socio, Unidas Podemos. Pese al cisma en el Ejecutivo central, los socialistas no han buscado la ayuda del PP. «Son unos soberbios», se quejan los dirigentes populares.

Pero, pese al ninguneo del PSOE, la dirección conservadora considera que debe ayudar en el «arreglo del desaguisado promovido por Irene Montero y mantenido durante cuatro meses por Pedro S ánchez». «No nos podemos quedar fuera de esta reforma, porque no se entendería», admite un alto cargo del grupo parlamentario. «Visto cómo nos tratan ya les diremos si les apoyaremos con un sí o nos abstendremos», añade esa fuente. Ante los micrófonos, Borja Sémper, portavoz del PP, se escudó en la necesidad de leer al detalle el texto de la proposición socialista para no desvelar la posición de su partido en la votación que se realizará la semana que viene, como pronto.

MANO TENDIDA. «¿En qué pozo de sectarismo está anclada la política española?», se preguntó Sémper ante la decisión de Sánchez de no buscar el respaldo de Feijóo en este tema. El líder de los conservadores lleva días ofreciendo sus votos al presidente del Gobierno para poder cambiar la ley sin la necesidad de esperar a Unidas Podemos, una mano tendida que en la parte socialista del Ejecutivo ven más bien como el abrazo del oso. «Que se modifiquen las chapuzas de esta ley. Si [los cambios] van en la senda de volver a la racionalidad ya alentada por el Ministerio de Justicia ya nos parecerá bien», declaró Sémper.

La fecha límite para llegar a un pacto sobre la reforma de la ley del solo sí es sí era ayer. Los socialistas habían decidido dejar de margen el fin de semana para acordar con Unidas Podemos la modificación de la norma, que hasta el momento ha provocado la rebaja de penas de casi 400 agresores sexuales, pero el entendimiento ha sido imposible. Al mediodía, el partido de Pedro Sánchez registró en solitario en el Congreso de los Diputados su propia proposición de ley, dando un paso de consecuencias imprevisibles, en pleno año electoral. Ambas partes, de momento, subrayan que no habrá ruptura en la coalición, pero la escalada dialéctica llegó a límites desconocidos, con Podemos prometiendo hacer lo que «haga falta» para que la propuesta socialista no prospere y la ministra de Justicia, Pilar Llop, contestando que el Ejecutivo debe «construir leyes, no relatos».

Unos y otros coinciden, con matices, en que hay que subir las penas. El choque está en el cómo. Para el PSOE, la única vía consiste en incluir violencia o intimidación en la graduación, y así aparece en su propuesta de reforma, que recupera las sanciones privativas de libertad anteriores a la entrada en vigor de la norma. El delito básico de agresión sexual, ahora penado con 1 a 4 años de cárcel, pasaría a castigarse de 1 a 5 años si hay violación o intimidación. El agravado, con penetración, que actualmente va de 4 a 12 años, se elevaría a entre 6 y 12 años en las mismas circunstancias. Para Podemos, en cambio, una modificación de este tipo conllevaría la vuelta a los dos tipos que existían antes de esta polémica ley, abuso y agresión, y dejaría fuera del foco el consentimiento, que es la piedra de toque de la ley en su conjunto.

Días difíciles. La propia Irene Montero, titular de Igualdad, lo dejó claro en un acto de Podemos el domingo. «El consentimiento no se toca», dijo. «Están siendo días muy difíciles», admitió la ministra, que ahora ha quedado claramente desautorizada por el socio mayoritario. Nada más conocer la noticia, fuentes de su departamento tildaron de «inexplicable» la decisión de sus socios de romper las negociaciones y presentar «la misma propuesta que el PP». Poco después, la cúpula de Podemos fue bastante más dura, acusando a los socialistas de querer «volver al Código Penal de la Manada». La sentencia en primera instancia de este caso consideró que la violación múltiple a una chica en las fiestas de San Fermín de 2016 fue solo abuso, no agresión, y motivó un movimiento de repulsa ciudadana. Fue ese mismo Código Penal, anterior a esta norma, el que provocó también que el Tribunal Supremo corrigiera el fallo original y condenara a 15 años de cárcel a los cinco acusados por agresión.

Los morados consideran que el hecho de que la nueva propuesta requiera «violación o intimidación» supone que la víctima pase por un «calvario probatorio». «Muchísimas víctimas no son capaces de moverse y si no hay movimiento no puede probarse que existió violencia ¿Son menos graves estos casos porque no existió violencia? Nosotros creemos que no», argumentó la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Así, aseguró que seguirán buscando un acuerdo con el PSOE para «evitar el retroceso que se está planteando». «Hoy más que nunca tenemos que estar aquí», sentenció, descartando cualquier posibilidad de dimitir.

ANTES DEL 8-M. La versión del PSOE sobre el alcance de su propuesta es muy distinta. Los socialistas esperan que la iniciativa se debata en el ple no de la semana que viene y que se tramite con urgencia. Evitan poner plazos estrictos para su entrada en vigor, pero la intención es que tenga lugar antes del 8 de marzo. Tras el registro de la iniciativa, su portavoz parlamentario, Patxi López, explicó que la proposición «aumenta las condenas» al «reducir la horquilla», sin tocar el consentimiento. «Sigue siendo la base fundamental de esta ley. No hay distinción entre abuso y agresión. Siguen siendo todo agresiones. Les garantizo que los socialistas no cedemos ante ninguna presión. Nos movemos por el interés de proteger y acabar con la alarma social de esta la ley», explicó.

Llop argumentó que Podemos había «desenfocado el problema», interpretándolo como una lucha de poder dentro de la coalición.