El TJUE estudiará la consulta para detener a Carles Puigdemont
El juez Llarena pide al tribunal europeo que fije los motivos para emitir una orden de captura
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha admitido a trámite la cuestión prejudicial planteada por el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena para que determine el alcance de las euroórdenes dictadas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig por su rol en el procès.
Así se lo ha comunicado el TJUE al Tribunal Supremo, al tiempo que ha notificado la petición de decisión prejudicial a las partes y a los demás interesados para que hagan las observaciones que consideren oportunas, según informa Europa Press.
No obstante, el TJUE ha rechazado el procedimiento acelerado, de modo que se hará por la vía ordinaria. La tramitación diferirá así de la usada para la cuestión prejudicial referida al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, que estaba en prisión cuando se tramitó.
Las diferencias esenciales entre ambos procedimientos consisten en que en el acelerado el plazo para remitir observaciones puede ser inferior a los dos meses que establece el ordinario, aunque no menor de quince días; se reducen los plazos de traducción a los distintos idiomas de la Unión Europea, y el TJUE puede invitar a los interesados a que limiten sus escritos a lo que son las cuestiones de derecho esenciales.
El instructor del procès acudió el pasado mes de marzo al TJUE, con el respaldo de la Fiscalía, para que determine las razones por las que se puede emitir y, sobre todo, rechazar una orden de detención y entrega europea (OED), reaccionando así a la decisión del Tribunal de Apelaciones de Bruselas de no enviar a Puig a España.
Llarena pretende que el TJUE arroje luz sobre la Decisión Marco 2002/584/JAI que regula las euroórdenes para que, en base a los criterios fijados por la corte comunitaria, “pueda adoptar una decisión concreta en torno a mantener, retirar o emitir nuevas OED respecto de todos o algunos de los copartícipes procesados”.
De esta forma, busca reactivar un caso que “se encuentra hoy plenamente paralizado” por la situación de rebeldía de los investigados –Puigdemont, Comín y Puig están huidos en Bélgica y Ponsatí, en Reino Unido– y por el hecho de que un Estado miembro ya ha denegado la primera de las euroórdenes dictadas en el marco de esta causa.
Aunque Llarena no lo mencionó expresamente al plantear la cuestión prejudicial, otra de las razones de esta parálisis es la inmunidad parlamentaria de Puigdemont, Comín y Ponsatí como miembros de la Eurocámara, si bien el pleno ya ha dado luz verde al suplicatorio cursado por el Tribunal Supremo para retirar dicho blindaje al expresident catalán.