Enconadas diferencias con las eléctricas tras el pacto con Bruselas

El “acuerdo político” alcanzado por España y Portugal con la Comisión Europea (CE) para limitar el impacto del precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad polarizó este miércoles las posturas de dos agentes clave, el Gobierno, precursor de la medida, y las compañías eléctricas, reacias a su aplicación.

No habían transcurrido ni 24 horas desde el anuncio de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el ministro portugués de Ambiente y Acción Climática, José Duarte Cordeiro, cuando Iberdrola rompía el hielo en la presentación de sus resultados trimestrales y se posicionaba en contra de una excepción que considera contraria al mercado único, según informa la Agencia Efe.

“Iberdrola es una gran compañía que debe estar a la altura de las circunstancias. Nadie pide a nadie que venda a pérdidas, pero sí reducir los beneficios extraordinarios para responder arrimando el hombro ante la dificultad”, respondió Ribera en una entrevista en La Sexta.

Minutos antes, la vicepresidenta tercera del Gobierno, que intercaló sus intervenciones en el pleno del Congreso de los Diputados con varios directos en medios de comunicación, era tajante en los pasillos del hemiciclo.

“(El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán) defiende los intereses de sus accionistas. Al Gobierno le corresponde defender los intereses de los españoles”, zanjaba a los periodistas.

De momento, la mayoría de actores del mercado eléctrico ha optado por no pronunciarse, seguramente a la espera de conocer los pormenores de la propuesta, que Ribera confía en que pase por Consejo de Ministros “cuanto antes”, o, al menos, hasta que desvelen sus resultados al mercado, como ha sido el caso de Iberdrola.

Aunque aún debe hacerse oficial, se sabe que será temporal, por un plazo de doce meses, y empezará con un precio medio del gas de 40 euros megavatio hora (MWh), para estabilizarse en aproximadamente 50 euros de media en todo el periodo.

Una vez aprobada y en vigor, previsiblemente, a partir de la semana que viene, beneficiará al 40 % de los consumidores domésticos -aquellos que tienen tarifa regulada- y hasta al 80 % de los industriales de electricidad, cuyas facturas están vinculadas al mercado mayorista.

Las estimaciones de los expertos sitúan la rebaja en torno al 30 %, unos números que encajan en la ecuación si se tiene en cuenta que el Gobierno había vaticinado que la factura se abarataría en torno al 50 % si Europa admitía el planteamiento inicial de poner el tope en 30 euros/MWh.

Al margen de ello, la vicepresidenta tercera del Gobierno desveló en la Cámara Baja que la medida “se financiará a través de una reducción muy importante de los beneficios extraordinarios de las eléctricas, que emplean otras tecnologías que no se han visto afectadas en sus costes y son retribuidas al máximo precio”.

Este sistema se complementará con el ajuste entre el tope fijado y el precio real de esta materia prima en el mercado, el cual “habrá que distribuir entre los consumidores de energía”.

“En principio, todos ganamos. Aquellos con tarifas indexadas al mercado mayorista o que, como los industriales, van a este mercado a comprar, ven reducido el precio de la electricidad. Y (el resto) verá que, cuando actualicen sus tarifas, hay un incentivo muy grande a que no se incremente el coste de la energía”, desarrolló en La Sexta.

Ante las críticas de la oposición, que instó a una bajada de los impuestos, la ministra defendió que “no basta con sustituir el pago de los consumidores por el pago de los contribuyentes, dejando unas arcas públicas lastradas”.

A su juicio, lo importante “es definir de modo distinto el precio de referencia que marca la electricidad en el mercado mayorista”, que durante la sesión subió un 2 % para este jueves, hasta los 224,97 euros/MWh, coincidiendo con las turbulencias en el mercado del gas después de que Rusia cortara el suministro a Polonia y Bulgaria.