Europa da la razón al Supremo pero deja margen a Puigdemont
Bruselas. Carles Puigdemont ha perdido el primer asalto de su combate europeo con la justicia española. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dio ayer la razón al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena al limitar las posibilidades de que Bélgica pueda denegar la entrega a España y allana el camino para una nueva euroorden de detención contra el expresidente de la Generalitat y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Los magistrados consideran que la justicia belga no puede denegar una euroorden contra los líderes del procés pero introducen una salvedad. El fallo sí avala rechazar la petición cuando haya «razones fundadas» de vulneración de derechos del individuo, «deficiencias sistémicas o generalizadas» en el sistema judicial o en el trato de un «grupo» determinado.
La negativa del Tribunal de Apelación de Bélgica a entregar a Puig en enero de 2021, al entender que el Supremo no era competente para investigarle y que su entrega podía suponer una vulneración de sus derechos fundamentales, fue la razón por la que Llarena decidió remitir una batería de preguntas prejudiciales al TJUE para que aclarase si la justicia de otro Estado puede decidir qué tribunal es competente para realizar una investigación y si se puede emitir una nueva euroorden contra la misma persona.
La sentencia dictamina que Llarena puede emitir «varias euroórdenes sucesivas contra una persona buscada», siempre que la ejecución no dé lugar a una vulneración de derechos fundamentales y tenga «carácter proporcionado». También apunta que Bélgica no puede rechazar la entrega a España alegando que el Supremo no es el órgano jurisdiccional competente.
«DEFICIENCIAS SISTÉMICAS». El único motivo por el que la justicia belga podría negarse a ejecutar la orden es si comprueba que en España hay «deficiencias sistémicas o generalizadas que afectan a su sistema judicial o que afectan a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas» y que «el órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la persona buscada en dicho Estado miembro es manifiestamente incompetente para ello». La sentencia, vinculante, abre la puerta a la reactivación de las euroórdenes. Silvia martínez