Fiscalía investiga los contratos por covid de Moncloa

Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación sobre 13 contratos de adquisición de material sanitario y de adjudicación de ayudas por parte del Gobierno denunciados por un diputado del PP de la Asamblea de Madrid después de que esta misma Fiscalía comenzara a investigar el contrato de compra de mascarillas del que cobró el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En un decreto, hecho público este viernes y recogido por Efe, la Fiscalía anuncia que las diligencias de investigación se dirigen a la práctica de comprobaciones sobre siete empresas presuntamente “favorecidas” con esos contratos y acuerda la apertura de diligencias por cada empresa.

Se trata de Industrias Plásticas Playbol (a la que el denunciante relaciona con los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez), Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas (que se vincula al exministro José Luis Ábalos); FCS Select Products (con cuyos responsables tendrían amistad el exministro de Sanidad Salvador Illa) o Páginas Amarillas Soluciones Digitales, ahora Beedigital, vinculada al marido de la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Las diligencias también afectan a empresas con las que se hicieron compras supuestamente fraudulentas como Weihai Textile Group Import & Export, Hyperin Grupo Empresarial y Member Of The Tribe (a la que Sanidad adelantó el 30 % del primero de los contratos que se relacionan por un importe de 1,6 millones, se incumplió el plazo de entrega y la administración no ha recuperado el dinero adelantado).

Anticorrupción, al igual que ocurrió en el caso del contrato que atañe al hermano de Díaz Ayuso, excluye cualquier participación ab initio de personas aforadas en esas millonarias adjudicaciones y ayudas, lo que determinaría que sea suya la competencia para investigar estos hechos y no de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

De hecho, la Fiscalía hace referencia al decreto por el que se abrieron diligencias de investigación sobre el contrato del que cobró Tomás Díaz Ayuso tras denunciarlo los grupos parlamentarios de la izquierda en Madrid.

La Fiscalía considera aquel decreto “extrapolable a éste” y, al igual que con esas denuncias, también ve procedente con ésta “la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados”.

Recuerda el decreto, que suscribe el fiscal jefe Alejandro Luzón, que esta denuncia presentada por un diputado del PP de la Asamblea de Madrid, presentada el 10 de marzo, expone irregularidades en los contratos de emergencia, relacionados con el covid, formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional, y en la concesión de varias subvenciones públicas.

“El hilo conductor en la exposición de los hechos” de la denuncia es la vinculación de las sociedades adjudicatarias “con las distintas administraciones públicas y la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos”, si bien “no se terminan de formular imputaciones concretas”.

Unas conductas que podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid ha pedido al juez que investiga el conocido como caso de las mascarillas que reclame al empresario Alberto Luceño la fianza correspondiente hasta alcanzar la cantidad de 6.191.127 euros para asegurar las posibles responsabilidades económicas que se le puedan imponer.

Los servicios jurídicos del consistorio, que ejercen de acusación particular, responden a la providencia dictada por el juzgado de instrucción número 47 de Madrid tras constatar la “insuficiencia de los bienes embargados”.