Gobierno, patronal y sindicatos sellan una nueva reforma laboral

Madrid. EFE. El Gobierno ha logrado cerrar un acuerdo con patronal y sindicatos que modifica aspectos clave de la regulación laboral, como la contratación o la prevalencia de convenios, lo que permitirá cumplir con uno de los compromisos fijados con Bruselas antes de final de año. Tras meses de intensas y complejas negociaciones, que se prolongaron ayer hasta altas horas de la noche, la CEOE ha sido la primera en respaldar los principios generales de la reforma laboral, que poco después han refrendado los comités de UGT y CCOO "por unanimidad". "Hoy es un día histórico para los trabajadores (...) es la primera reforma en la que los trabajadores y las trabajadoras recuperan derechos", ha celebrado a las puertas del Ministerio de Trabajo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha confirmado que la norma irá al Consejo de Ministros del próximo martes 28 de diciembre. "Cumplimos. Hoy avanzamos hacia un modelo de relaciones laborales del siglo XXI. Lo hacemos con la bandera del acuerdo y el diálogo. Queremos trabajos y sueldos dignos, que garanticen los derechos de todos y todas. Gracias a patronal y sindicatos por su compromiso", ha subrayado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Twitter.

Encajar esta reforma, una de las comprometidas con la Comisión Europea en el marco del plan de recuperación y resiliencia ha conllevado una difícil negociación, no solo para acercar las posturas de patronal y sindicatos, sino en el propio seno del Gobierno con polémica entre la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la propia Díaz sobre alcance de la reforma. Finalmente, el Gobierno ha logrado el sello del acuerdo tripartito en una reforma que modifica aspectos de la realizada por el PP en el 2012, al recuperar la ultraactividad de los convenios y la prioridad del convenio sectorial en materia salarial.

Además, sienta las bases de un nuevo modelo de ERTE que sirva de alternativa al despido ante crisis o reconversiones sectoriales e introduce diversos cambios para atajar la excesiva temporalidad del mercado laboral español. Entre ellos, que el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido y que los temporales solo podrán celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora con derecho a reserva del puesto de trabajo. En ese contrato por circunstancias de la producción, la duración máxima será de 6 meses, ampliable a 1 año por convenio colectivo sectorial. Se endurecen también las sanciones para el uso indebido de contratos temporales y se fija que los temporales fraudulentos serán convertidos en indefinidos, así como quienes acumulen 18 meses de trabajo en un plazo de 24 meses.

CEOE APELA AL EJERCICIO DE LA RESPONSABILIDAD. CEOE y Cepyme han explicado en un comunicado que el acuerdo "mantiene intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas a las circunstancias, asegura la libertad de empresa y la seguridad jurídica y contribuye a la paz social". Se ha tratado, añaden las patronales, de "un ejercicio de responsabilidad" que "aporta certezas de cara al exterior y favorece la confianza en España después de meses con mensajes muy perjudiciales para las empresas, los inversores y el futuro de nuestro país". De esta forma ha justificado la parte empresarial un acuerdo que los sindicatos CCOO y UGT han celebrado porque, "por primera vez en democracia, se acomete una modificación del calado que supone este acuerdo, no a favor de las pretensiones de la empresa, sino de la clase trabajadora. Aquí recuperamos derechos". "El acuerdo merece una valoración muy positiva, sin dejar de afirmar nuestra voluntad de seguir avanzando en el marco del diálogo social para consolidar plenamente un empleo con derechos y de calidad en nuestro país", han añadido en una nota conjunta.

PUNTOS CLAVE. Son varios los logros a destacar, a juicio del sindicato CCOO: se recupera el equilibrio en la negociación colectiva, con el restablecimiento de la ultraactividad de los convenios, se conquistan derechos y se pone en su sitio al convenio de empresa, impidiéndole la regulación a peor de aspectos clave como el salario o la jornada. Se vuelve a una negociación colectiva articulada, con la definición normativa del ámbito de negociación colectiva estatal, territorial y de empresa, y se garantiza que la externalización a través de la subcontratación se someta laboralmente al convenio de referencia de la actividad desarrollada con independencia del objeto social y forma jurídica de la empresa, lo que supone un importante golpe a fenómenos precarizadores como las empresas multiservicios.

En el apartado de la contratación se fortalece la figura del contrato indefinido y se adoptan medidas limitadoras de la contratación temporal: se concreta la causalidad de ésta, se simplifica y acota la contratación temporal; desaparece el contrato de obra y servicios, restando solo dos contratos temporales, uno por causas estructurales y el formativo. Y es que el contrato estructural tendrá dos posibles causas: la de circunstancias excepcionales de la producción y la substitución temporal de un trabajador o trabajadora.

El máximo de duración de un contrato temporal pasa de cuatro años a 12 meses. El contrato por circunstancias de la producción será de un máximo de 6 meses, ampliable a 12 por convenio, con la posibilidad de hacerse por 90 días para actividades estacionales previsibles, previa planificación, notificación a la representación sindical en el año anterior, y sin posibilidad de encadenamiento consecutiva. Por lo demás, la temporalidad se considerará vínculo laboral indefinido cuando se acumule un máximo de 18 meses de trabajo en 24 meses totales - antes era 24 en 30- y el incumplimiento de la normativa de la contratación laboral hará que la persona trabajadora sea considerada indefinida. Con el fin de garantizar el cumplimiento de la norma se efectúa una modificación esencial: la infracción se comete por persona afectada, lo que aumenta de forma significativa el poder disuasorio de la sanción administrativa promocionada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En el tercer ámbito de la negociación, el de los mecanismos de ajuste, se incorporan al Estatuto de los Trabajadores los acuerdos y prácticas de los ERTE hechos en durante la pandemia, con la intención de priorizar estos mecanismos en detrimento de los despidos colectivos, incorporando la realización de acciones formativas y beneficios para las empresas y personas desempleadas, vinculadas siempre al mantenimiento del empleo. De forma significativa, también, desaparece la posibilidad de acometer despidos objetivos colectivos en las administraciones públicas. Aunque no se concretan las cifras pese a la insistencia sindical, el acuerdo también contempla la ampliación en personas y medios de la Inspección de Trabajo.