La financiación autonómica, otra clave más en el conflicto catalán
ERC y En Comú no descartan fórmulas constitucionales que pasen por un referendum y apoyan un impuesto proporcional para Cataluña frente a Cs
Los debates en torno a la mesa de diálogo y las posibles soluciones al conflicto nacional de Cataluña, siguen siendo una constante, aún con el ciclo político en stand by. Así, ante las dudas en cuanto al abordaje de la financiación de las comunidades autónomas en relación al porcentaje poblacional y la dimensión catalana, el portavoz de En Comú Podem en el Parlament, David Cid, aseguró que una de la claves para desbloquear el conflicto de Cataluña en la mesa de diálogo pasará por buscar una “fórmula imaginativa” de “reconocimiento de Cataluña como nación dentro de un Estado plurinacional”.
En una entrevista a Efe, Cid explicó que la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, consensuarán la hoja de ruta de Unidas Podemos de cara a la mesa de diálogo, unos ejes entre los que prevé que figure una reforma de la financiación autonómica para que “como mínimo” sea proporcional a la población de cada territorio.
“Estamos trabajando en las propuestas que queremos llevar a la mesa, propuestas como profundizar en la desjudicialización de la política, blindar las competencias autonómicas o mejorar el autogo- bierno y el sistema de financiación”, apuntó.
Según Cid, “seguramente” lo que requerirá más trabajo será “explorar de qué forma imaginativa se puede encauzar” el “reconocimiento nacional de Cataluña”.
“Entre los elementos que los comunes quieren trasladar a la mesa de diálogo está que “el conjunto de las comunidades autónomas como mínimo reciban lo que les corresponde según su población” y así, si Cataluña tiene alrededor del 16,5 % de la población española, reciba también ese porcentaje.
Cid considera “defendible y comprensible” por parte de todas las comunidades recibir el equivalente a su población: “Las comunidades autónomas son las que sustentan el Estado del bienestar”, ya que se hacen cargo de competencias como salud, educación o dependencia, recordó.
Por su parte, a consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, señaló que hace tiempo había cuestiones que parecían muy difíciles y se acabaron produciendo, como los indultos a los presos del 1-O: “De entrada son planteamientos muy distantes. Pero entendemos que podemos abordar alternativas y acercar posiciones, y el punto sería este referéndum pactado con el Estado”.
Insistió en que el referéndum pactado es la mejor opción de solucionar el conflicto y cree que puede hacerse dentro de la Carta Magna: “La Constitución no prohíbe que pactemos un referéndum, sería posible hacerlo”.
También acusó a Junts de debilitar la posición del Govern en la mesa de diálogo con sus reticencias sobre la negociación con el Gobierno: “No es una actitud adecuada”.
“Plantear que la mesa de negociación no tiene sentido cuando todavía no hemos salido ni a jugar es como si estás a punto de jugar un partido, estás en el autobús y ya dices que perderás”, les reprochó, después de que en las últimas semanas varios dirigentes de Junts cargasen contra la mesa de diálogo y pidiesen recortar el margen de dos años a la negociación con el Gobierno.
Ante la opción de crear un nuevo gravamen que afecte selectivamente a una única comunidad autónoma, el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, se mostró contrario a la idea, en concreto, a un impuesto ideado para la Comunidad de Madrid por su capitalidad, planteado inicialmente por el presidente de la Generalitat Valenciana y avalado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Sin embargo, este encontró un rechazo frontal desde la titular del Ministerio de Hacienda, de varios Ejecutivos autonómicos, partidos aliados del PSOE como Compromís, o incluso federaciones territoriales social.
Por parte de Edmundo Bal, considera que esta idea deja claro que “el sanchismo cederá a los deseos del separatismo. A su juicio, “estas políticas de subidas de impuestos, lo que tratan de ocultar es la ineficiencia en la gestión de las administraciones pública.
En rueda de prensa, Bal también arremetió contra “la nueva injerencia por parte del Gobierno en el poder judicial” después de que la ministra Pilar Llop, en una entrevista en El País afirmó que es “bastante improbable” que el Supremo anule los indultos del procés.
Ante esto, Bal calificó las declaraciones de “inadmisibles” y de “un atentado contra la división de poderes.
Madrid. La ministra de Justicia, Pilar Llop, advirtió de las “disfunciones” que genera el retraso que acumula la renovación tanto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como del Tribunal Constitucional (TC) y apeló al conjunto de fuerzas políticas a abrir vías de diálogo para alcanzar “un buen acuerdo” que permita “cumplir con la Constitución” y llevarlos a cabo.
Durante la visita que realizó a la Feria Internacional de Muestras de Asturias junto al presidente del Principado, Adrián Barbón, Llop aseguró que no puede contemplar otro escenario “que no sea que se proceda de una vez por todas” a la renovación del CGPJ, pendiente desde hace más de dos años.
La titular de Justicia volvió a apelar al conjunto de partidos para que sean conscientes de que ese proceso “debe hacerse en la sede de quienes representan a los ciudadanos, el Congreso y el Senado” y emplazó en particular al PP a cesar en su “bloqueo” a esa renovación y a que actúe “con altura de miras y sentido de Estado.
En este sentido, incidió en que ese acuerdo es necesarios dado que, con la situación que se arrastra desde diciembre de 2018, “se producen muchísimas disfunciones en el trabajo de juzgados y tribunales que impactan negativamente en la ciudadanía”.
En el caso del Constitucional, la ministra recordó que cuenta actualmente con una vacante lo que impide que pueda operar el voto de calidad de la Presidencia, una circunstancia que también genera esas disfunciones.
Ante etas declaraciones, el vicesecretario general de Cs, Edmundo Bal, acusó ayer a la ministra de Justicia, de “tratar de influir” en el Supremo para que dicte una sentencia desestimatoria de los recursos contencioso-administrativos presentados contra los condenados por el juicio del procés.
Para Bal, sus palabras son una llamada a la sala tercera del Tribunal Supremo, “una “injerencia política en el poder judicial y un atentado contra la división de poderes”.
También le dijo a Llop que “no se agote con estas declaraciones”, porque la sala del Supremo lo juzgará con “auténtica independencia, como siempre hace el poder judicial que es el dique de contención contra el separatismo”.