La OCDE enfría las expectativas de recuperación en España una vez más
Rebaja al 4,1% la previsión de su PIB y eleva hasta el 8,1% la inflación media en nuestro país
La OCDE ha revisado a la baja las previsiones económicas para España teniendo en cuenta el impacto de la guerra en Ucrania, y calcula que este año crecerá un 4,1 % frente al 5,5 % que había estimado en diciembre, mientras la inflación media se disparará al 8,1 % frente al 3 % de 2021.
En su informe semestral de Perspectivas Económicas publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) anticipa un crecimiento de solo un 2,2 % en 2023 con una inflación que se mantendrá relativamente elevada aunque menos fuerte, con un 4,8 % de media.
Se muestra más pesimista que el Gobierno, que espera una progresión del producto interior bruto (PIB) del 4,3 % este año y del 3,5 % el próximo.
También ve las cosas peor en lo que se refiere a la inflación que la Comisión Europea, que a mediados de mayo proyectaba un índice de precios al consumo medio en 2022 del 6,3 % en España y del 1,8 % en 2023. La corrección a la baja de las previsiones de crecimiento desde el anterior informe de la OCDE del 1 de diciembre es general para casi todos los miembros y particularmente fuerte en los países de Europa continental, que están entre los más afectados por la invasión de Ucrania.
Esa corrección, de 1,47 puntos porcentuales para España, es todavía mayor para Francia (1,83), Italia (2,09) y sobre todo Alemania (2,19). Por debajo se quedan Estados Unidos (1,28) o el Reino Unido (1,10).
Al final, el aumento del 4,1 % del PIB español en 2022 que estiman los autores del estudio será netamente superior al de los otros grandes países desarrollados como son Estados Unidos (2,5 %), Reino Unido (3,6 %), Italia (2,5 %), Francia (2,4 %) o Alemania (1,9 %). El único que está por encima es Australia (4,2 %).
Esas cifras, que comparativamente pueden parecer buenas, hay que relativizarlas porque España es uno de los países más retrasados en la recuperación de la actividad económica que tenía a finales de 2019, antes de que comenzara el choque del coronavirus.
La OCDE considera que la alta inflación y la incertidumbre van a reducir el gasto de las familias en España y que los cuellos de botella en el aprovisionamiento de semiconductores también limitarán la inversión privada y las exportaciones.
La tasa de paro, que lleva dos años a la baja, se reducirá del pico del 15,5 % en 2020 al 13,6 % en 2022, pero volverá a subir al 13,9 % en 2023.
Los autores del estudio insisten en que las medidas fiscales para hacer frente a los efectos de corto plazo del choque de la energía sobre las familias y las empresas vulnerables tienen que ser selectivos y temporales.
Al mismo tiempo, consideran que tiene que aplicarse una estrategia de ajuste fiscal a medio plazo para empezar a disminuir de forma gradual el déficit y la deuda pública.
En su periodo de previsiones, el déficit bajará del 6,9 % del PIB en 2021 al 5 % en 2022 y al 4,2 % en 2023. La deuda, por su parte, disminuirá pero algo menos de lo que augura el Gobierno y a niveles todavía muy superiores al 98,3 % del PIB que había en 2019, antes de que estallara la crisis de la covid: del 118,6 por ciento en 2021 al 115,6 % en 2022 y al 113,1 % en 2023.
La OCDE hace notar que aunque el porcentaje de los acuerdos salariales que incluyen cláusulas de indexación con la inflación aunque es “moderado” está creciendo, con el riesgo de que eso contribuya a una mayor espiral inflacionista. De ahí la importancia de que haya un acuerdo de los agentes sociales para impedirlo.
Otros puntos reseñados son la necesidad de una mayor cooperación entre los socios europeos para que España aumente las interconexiones energéticas con el resto de Europa (un problema bloqueado sobre todo por las resistencias de Francia) y una mejora de la eficiencia energética.
A su parecer, los objetivos climáticos necesitan “un marco regulatorio de largo plazo predecible”, incentivos para movilizar la inversión privada, capacidad de almacenamiento, una gestión por el lado de la demanda y la digitalización para un uso efectivo de las energías renovables.
Bruselas. La Comisión Europea aprobó definitivamente este miércoles la llamada “excepción ibérica” que permitirá a España y Portugal limitar el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad durante doce meses para abaratar la factura de hogares y empresas.
En un comunicado, el Ejecutivo comunitario estima que la medida, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, tendrá un coste total de 8.400 millones de euros, de los cuales 6.300 millones corresponderán a España y 2.100 millones a Portugal.
De esta forma, Bruselas da su visto bueno al mecanismo diez semanas y media después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Portugal, António Costa, consiguieran en una cumbre que el resto de líderes reconocieran las particularidades de la península frente a la escalada de precios energéticos.
El mecanismo fue aprobado por el Consejo de ministros el 13 de mayo, pero aún no se ha aplicado a la espera de la luz verde por parte de los servicios de Competencia del Ejecutivo comunitario.
A través del mismo, según explica Bruselas, se concederá una “ayuda directa” a los productores de electricidad con el objetivo de financiar “parte” del coste incurrido al adquirir el combustible y el pago diario será calculado como la diferencia entre el precio de mercado del gas natural y el límite establecido en cada momento.
Estas ayudas serán financiadas por dos vías: por un lado, un recargo que se impondrá a los consumidores que se beneficien de la medida (en un principio todos aquellos que tienen contratada una tarifa regulada) y, por otro, a través de las llamadas “rentas de congestión” que se generan por el comercio transfronterizo de electricidad entre España y Francia.
Durante los primeros seis meses, el límite al precio del gas en el mercado mayorista (pool) se fijará en 40 megavarios hora (MWh) y después subirá cinco euros cada mes, de forma que en el último de aplicación se situará en 70 euros MWh. La media de todo el período sera, por tanto, de 48,4 euros MWh.
Sánchez aseguró precisamente este miércoles en el Congreso de los Diputados que supondrá una rebaja de entre el 15 y el 20 % en el coste de la electricidad para familias y empresas, y reivindicó que España “puede estar orgullosa de su papel en la resolución de este asunto”. efe