La refundación fallida de Honduras

Una madrugada de 2018, 30 familias campesinas hondureñas rompieron los cerrojos de un balneario que pertenecía a Alexander Montes Aguilar, alias Moncho, un presunto narcotraficante y líder de pandillas que había sido detenido cinco años antes. Los campesinos pretendían trabajar las 19 hectáreas de tierra ociosa que antes era usada para agasajar a los mafiosos que pasaban por allí, concretamente, en el valle de Sula (norte de Honduras). Había temor, las primeras noches las pasaron al raso, vigilantes, pero poco a poco se acomodaron en las casas de la finca y escogieron el término Democracia para bautizar a su comunidad. «Elegimos esta palabra porque significaba soberanía y libertad», dice Nelson Pérez, parte del grupo de campesinos que recuperó la tierra.

El miedo volvió cuando los pandilleros retornaron al balneario para reventar el suelo de una casa del recinto –quizá la que ocupaba el narcotraficante– y se llevaron algo que estaba allí enterrado. Fue la última vez que pasaron por allí. Los ocupantes de la propiedad se limitaron a tapar el agujero y se negaron a remover más el pasado de la tierra. Se creyeron libres y empezaron a sembrar maíz y plátano y apostaron por un criadero de tilapias en las piscinas que antes ocupaban los mafiosos, pero entró en escena la Oficina Administradora de Bienes Incautados, es decir, el Estado hondureño, para exigir a los campesinos el pago de un alquiler mensual de 10.000 lempiras (unos 370 euros) por la tierra del presunto narcotraficante.

Huracanes devastadores. Asumieron el coste, pero llegó el 2020, la pandemia y los devastadores huracanes Eta e Iota, y todo se acabó. Los cultivos se perdieron, la piscina de tilapias se desbordó y no tuvieron forma de pagar el alquiler. «Hemos entrado en desánimo», sostenía Nelson cuando contaba esta historia en noviembre pasado, con la temporada de huracanes de vuelta en Honduras. En el balneario solo quedaban la mitad de las familias que habían roto los candados de la propiedad. Se mantenían sembrando lo mínimo, esperando a que el Estado les saque de esta tierra negada.

Honduras es ante todo un país agrícola y forestal. Casi la mitad de su población, el 48% de los 10 millones de habitantes del país, vive en el área rural. Están organizados en cooperativas, empresas agrícolas y juntas del agua para resistir el olvido de las sucesivas autoridades. Manuel Zelaya, parte de la marea rosa en Latinoamérica, fue el único presidente de la historia reciente de Honduras que intentó gobernar para esta parte empobrecida del país, pero el golpe de Estado de 2009 lo detuvo todo. Luego vino un Gobierno de transición liderado por Porfirio Lobo y los dos periodos de Juan Orlando Hernández, que gobernó entre 2014 y 2022, y fue extraditado a EEUU para ser juzgado por narcotráfico.

La actual presidenta del país centroamericano, Xiomara Castro, esposa del depuesto Manuel Zelaya, acaba de cumplir un año en el poder y todavía no ha atendido a las peticiones del campo. Se refugia en el discurso de haber recibido una mala herencia. «He recibido un país en ruinas, sumido en la pobreza y violencia. La reconstrucción de Honduras está en marcha», afirmaba esta semana en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Pero esa reconstrucción o refundación de Honduras no se podrá hacer fácilmente porque el partido de Gobierno, Libre, no tiene mayoría en el congreso. Un ejemplo es la ley de modernización agrícola, vigente desde los años 90, que no ha podido ser modificada pese a la insistencia de los campesinos. Rafael Alegría, viceministro del Instituto Nacional Agrario, cuenta que se encontraron con campesinos que llevan reclamando una solución a sus problemas desde hace unos 20 años.

«El Estado abandonó el papel de tutelar los derechos de acceso a la tierra», dice; y cuenta que la presidenta tuvo que emitir una ley de emergencia, de seguridad y soberanía alimentaria, para reabrir el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola con más de 1.000 millones de lempiras y entregar un bono solidario a más de 200.000 campesinos el año pasado. Es poco, pero no pueden abarcar más. «Hacemos un llamamiento a la cooperación internacional para adquirir recursos y dotar al campo. Honduras necesita refundar el sector agrónomo con justicia social», concluye el funcionario.

La protección del Estado es limitada y se queda más corta aún cuando se habla de justicia. La mayor parte de los casos de campesinos que han perdido la vida en la disputa por la tierra, un centenar desde los años 90, siguen impunes. Nunca se sabe de dónde llegan las balas. Solamente quedan los nombres de algunos de los caídos que pasan a bautizar las comunidades una vez que logran asentarse en las tierras conquistadas. Es el caso de la comunidad Dagoberto Padilla, que lleva el nombre de un campesino que murió en los años 90 cuando se enfrentaba a una bananera que tenía tierras ociosas. La historia la cuenta Nora Ramírez, de la Central Nacional de Trabajadores del Campo: «Dagoberto era el que más alzaba la voz y luego vino la gente que quería esa tierra y lo asesinó a él y a otros compañeros. Fue una lucha intensa, y el Estado no hizo nada».

Poca calidad de vida. Otro tema pendiente es el de recuperar los tribunales de justicia. Ahora mismo se están seleccionando a los 15 miembros de la Corte Suprema y esto es una prueba de fuego para un país que tiene poco de qué presumir. El PIB per cápita en Honduras fue de 2.379 euros en 2021, por lo que se encuentra en el puesto 138 en relación a los 196 países del ranking de PIB per cápita (España ocupa el puesto 35, con 25.500 euros). Y el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas indica que los hondureños tienen una mala calidad de vida. Números que empujan a los hondureños fuera de su país.

España es, después de EEUU, el país donde más hondureños han llegado: hay 150.000 empadronados, la mayoría está concentrada en Barcelona (40.000), Madrid (39.000) y Girona (17.000), según los datos de la embajada de Honduras en España. No en vano la presidenta Castro hará una visita oficial a España a finales de febrero para ratificar el convenio sobre el programa de migración temporal planificada.