La UE condiciona los fondos a cumplir con el Estado de Derecho

El acuerdo alcanzado ayer entre las instituciones europeas sobre un mecanismo que vincule la concesión de fondos al cumplimiento del Estado de derecho supone un “hito” en la Unión Europea y allana el camino hacia un pacto definitivo para activar el plan de recuperación pospandemia.

El pacto es “un importante hito en nuestros esfuerzos por finalizar el próximo presupuesto plurianual y el paquete de recuperación”, celebró el embajador alemán ante la UE, Michael Clauss, cuyo país ocupa este semestre la presidencia del Consejo de la Unión Europea.

Este mecanismo era uno de los puntos más espinosos que quedaban por pactar para que pueda funcionar el presupuesto plurianual 2021-2027 de 1,074 billones de euros y el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros que los jefes de Estado y de Gobierno pactaron en julio.

El segundo punto es el montante final del presupuesto, que todavía tienen que pactar los estados miembros y el Parlamento Europeo.

El acuerdo de ayer vincula los fondos europeos al cumplimiento por parte de los gobiernos de valores como la independencia judicial y el respeto a los derechos fundamentales, y prevé que se puedan suspender cuando su violación afecte de un modo suficientemente directo a la buena gestión del dinero.

El negociador del grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en la Eurocámara, Petri Sarvamaa, también calificó de “hito” el acuerdo y añadió que “por primera vez hemos establecido un mecanismo que permite a la UE parar la financiación a los gobiernos que no respetan nuestros valores”, informa Efe.

La Comisión Europea será la encargada de proponer la suspensión de los fondos, que tendrán que ratificar posteriormente los Estados miembros por mayoría cualificada, en un máximo de tres meses.

La mayoría cualificada evita que un sólo país pueda vetar la propuesta de suspensión de los fondos. No obstante, el resultado final del acuerdo es menos estricto que el propuesto inicialmente por el Ejecutivo comunitario, ya que facilitaba la ratificación de la suspensión de los fondos.

Hungría y Polonia, países con sendos expedientes abiertos a cuenta de sus problemas con el Estado de derecho, fueron siempre reacios a este sistema y el temor en Bruselas es que decidan “secuestrar” el fondo de recuperación si no están conformes con esta condicionalidad, bloqueando la ratificación en sus países.

“Para nosotros era fundamental que los beneficiarios finales no fueran castigados por las malas acciones de sus gobiernos y que siguieran recibiendo fondos que les habían prometido”, dijo la negociadora de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, la española Eider Gardiazabal.