Los problemas del Sahel: cuando el hambre es un conflicto menor

Entre las acusaciones de un supuesto golpe de Estado gracias al presunto “apoyo” de un país occidental, el evidente acercamiento de Bamako a Moscú y su retirada del G5 Sahel, se agrava aún más la situación en Malí: un escenario ya de por sí complicado que Bruselas lleva observando con lupa casi una década. Fue en 2013 cuando empezó la European Union Training Mission Mali, que actualmente está bajo el quinto mandato prorrogado por el Consejo de la Unión Europea (UE). Por medio del mismo se ha ampliado la zona de operaciones de la misión, con el objetivo de prestar asistencia militar a los demás países de la coalición antiyihadista africana (Burkina Faso, Chad, Mauritania y Níger), reacios en parte a otorgarle la presidencia del grupo al Gobierno maliense... Característicamente golpista.

Dos pronunciamientos –uno el 18 de agosto de 2020 y otro el 24 de mayo de 2021– son los antecedentes reales y más inmediatos que dan fe de la inestabilidad política en esta nación, cuyos mandos reniegan de la democracia y las urnas, si es preciso pistola en mano. Precisamente esa debilidad institucional, el aumento de las desigualdades, la falta de confianza en los gobernantes y la corrupción en muchas administraciones produce allí “una hibridación entre grupos armados, traficantes y conflictos comunitarios y regionales tradicionales, con el inaceptable fenómeno del extremismo religioso” que surge como “una respuesta falsa para las sociedades afectadas”.

Así lo recoge la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de septiembre de 2020, sobre la cooperación UE-África en materia de seguridad en el Sahel, África Occidental y el Cuerno de África, señalando que solamente en 2019 se registraron 3.417 episodios violentos vinculados a diferentes grupos islamistas armados. En este sentido, las víctimas mortales resultantes del yihadismo crecieron un 7% ese año, alcanzando una cifra estimada de 10.460 fallecidos.

Conforme indica el escrito, las actividades terroristas se concentran sobre todo en cinco zonas principales. Por un lado, con menos amenazas aunque persistentes, África del Norte y la costa oeste del océano Índico. Por el otro, con más, Somalia, la cuenca del lago Chad y el Sahel. Esta última área es la que “registró el aumento más rápido de la actividad extremista violenta en 2019” y, como las restantes, “requiere un enfoque regional diferenciado”.

Lamentablemente, el yihadismo no es el único problema que somete a Malí, Burkina Faso, Chad, Mauritania y Níger, todas antiguas colonias francesas. Por si fuera poco, el Sahel es una de las zonas más afectadas por la proliferación de pequeñas armas ilícitas. Material ofensivo indocumentado y en su mayoría de tenencia ilegal que pone en riesgo la seguridad de las comunidades y que, para más inri, es usado por peligrosas redes criminales transnacionales dedicadas al tráfico de más armas, seres humanos y drogas ilegales.

En cuanto a la población civil, la UE no sólo sigue estando “extremadamente preocupada” por el comercio de personas o el incremento del número de menores reclutados como niños soldados por grupos extremistas, muchas veces secuestrados de sus propios hogares. También inquieta el “importante aumento” de ataques violentos contra escuelas públicas y de asesinatos, secuestros, palizas y amenazas de muerte hacia profesores y estudiantes. Como evidencia el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), más de 9.000 colegios africanos han desaparecido, dejando sin educación a casi dos millones de pequeños.

Por su parte, respecto a los estupefacientes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) destaca nuevas y preocupantes tendencias en materia de narcotráfico en la región, con efectos nefastos sobre la gobernanza, la seguridad, el crecimiento económico y, evidentemente, la salud pública. Según la citada fuente, África Occidental y Central y África del Norte representan el 87% de todos los opiáceos incautados en el mundo.

EL FUSIL Y LA DEUDA. Así las cosas, el conflicto del Sahel –ese cinturón de más de 5.000 kilómetros que atraviesa África desde el océano Atlántico hasta el mar Rojo– va más allá del hambre, consecuencia en parte de una tierra subdesarrollada que sigue sin evolucionar por culpa de la violencia. Pero por si no bastase con los problemas internos que arrastra la región, en el exterior también existen grandes jugadores a los que poco les importa y conviene que los países africanos prosperen. Esos que no abogan por la democracia como principio del progreso y solo defienden su bolsillo.

Uno tiene su capital en Moscú, desde donde el Kremlin ejerce una influencia cada vez mayor mediante la venta de armamento y el despliegue de mercenarios. En esta línea, conforme reflejan los últimos datos del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigaciones para la Paz (Sipri), África importó el 49% de su material ofensivo de Rusia. A ello se suma la creciente presencia de los paramilitares rusos del Grupo Wagner, vinculados a atentados contra civiles como el acontecido a finales de marzo en la localidad maliense de Moura. Allí, según denunció Human Rights Watch, fueron asesinadas unas 300 personas en la mayor masacre del Sahel en 10 años.

Pero además de Vladímir Putin, Xi Jinping también aprieta al tercer continente más extenso del planeta. Los comunistas chinos aprobaron formalmente en 2017, en el Congreso Nacional de su partido, la iniciativa de la Franja y la Ruta. Mediante la misma conceden préstamos que atrapan a los países más vulnerables en “trampas de endeudamiento”, agotando las reservas de sus gobiernos y cargando a generaciones de contribuyentes con deudas descomunales. Un ejemplo es Yibuti, donde Pekín ya posee más del 70% de su producto interior bruto en forma de deuda y, como no iba a ser de otra forma, también una base militar.