Luis Navajas, el fiscal que situó a narcos gallegos en la diana de ETA

Anda revuelto el mundo de los fiscales españoles y, como acostumbra a ocurrir, la clase política también se suma. La nueva polémica aparece tras conocerse el contenido de un demoledor informe que suscribió (y elaboró) el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, en el que rechazaba tajantemente la admisión de las querellas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión del covid. Su contenido ya era complicado pero el segundo de la cúpula del Ministerio Público, a las órdenes de la exministra Dolores Delgado, lanzó más leña al fuego cuando declaró en una emisora de radio que no convocó a la Junta de Fiscales de Sala para fijar una respuesta a las más de 60 querellas y denuncias porque algunos de esos fiscales estaban “contaminados políticamente” y habría tenido que excluirlos. Respuesta muy en la línea de tan controvertido personaje.

Por eso en las últimas horas la mayoría de sus colegas salieron, algunos también en tropel, para decirle que debería haber sido más “prudente” a la hora de hablar de otros compañeros, y negar “sesgos ideológicos” en las críticas a su actuación al tiempo que recalcaban que en los últimos años han hecho huelga contra ministros del PP y del PSOE.

Muchos recuerdan las peticiones que le hicieron para que convocase a la Junta de Fiscales con la intención de recabar su postura sobre las querellas contra el Gobierno y matizar así “esa sombra de duda de politización de la institución” que creen que permanece desde el nombramiento de la extitular de Justicia como Fiscala General del Estado.

Incluso profesionales independientes, minoritarios en la carrera, creen que debería haberse recabado la opinión del gobierno de los fiscales en un asunto “tan trascendente” y advierten de que las declaraciones de Navajas “no contribuyen, en modo alguno, a transmitir una imagen de unidad de actuación y de absoluta independencia o autonomía del Ministerio Fiscal”.

Todo lo anterior pertenece a la polémica presente pero el ahora teniente fiscal del Tribunal Supremo se convirtió en conocido (¿y famoso?) por obra y gracia de lo que todo el mundo conocía como el informe Navajas, elaborado por Luis Navajas cuando era fiscal en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa en el último quinquenio de los años 80... del pasado siglo.

La historia cuenta que el capitán de la Guardia Civil José Manuel Castañeda, adscrito a la Unidad de Servicios Especiales del Servicio Central de Información, junto a su subordinado, el guardia segundo Garcilaso Muñoz, se presentaron en el despacho del fiscal Navajas con una investigación propia (y paralela a los cauces oficiales) que habían realizado para demostrar lo que consideraban la “evidente implicación” de importantes miembros de la Benemérita que bajo la dirección del todopoderoso y polémico teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo, que llegaría ser el general con más poder en la Guardia Civil, en una trama de narcotráfico en la que aparecía grupos vascos y clanes gallegos que, por aquellos tiempos, estaban dejando atrás el contrabando de tabaco y encaminando sus pasos al tráfico de hachís y cocaína.

El fiscal Navajas puso en marcha su maquinaria investigadora, tomó declaración a buena parte de las personas señaladas por los denunciantes y llegó a la conclusión de que había suficientes indicios para abrir un procedimiento contra Galindo, un capitán, un teniente, un sargento, dos guardias, varios civiles y un inspector de Policía.

Fue entonces cuando elaboró lo que se llamó informe Navajas, que forma parte de la historia judicial de este país a pesar de que la mayoría de las investigaciones acabaron archivándose y el documento desapareció de la circulación. Básicamente denunciaba que desde el cuartel de Inchaurrondo, en el que se centralizaba la lucha contra el terrorismo, estaban dando protección a cambio de una importante cantidad de dinero a tres grupos vascos dedicados al tráfico de drogas y de tabaco. Una acusación que formaba parte del argumentario del entorno terrorista y la izquierda abertzales.

Los grupos a los que aludían trabajaban directamente con cuatro de los, por entonces, principales contrabandistas de tabaco de Arousa, el ya fallecido Manuel Carballo (a cuyas órdenes empezó Sito Miñanco), Luis Falcón, alias Falconetti, (condenado por pretender introducir más de una tonelada de hachís en Euskadi en un juicio en el que la acusación la ejercía el propio fiscal Navajas), Marcial Dorado Baúlde (aún en tercer grado por tráfico de drogas) y el que fuera alcalde de Ribadumia, José Ramón Barral.

Hubo filtraciones interesadas del contenido de ese documento del Ministerio Público que se convirtió en palabra de dios para las personas vinculadas con el terrorismo de ETA: la Guardia Civil permite (e, incluso, facilita) el narcotráfico para adormecer a la juventud vasca y evitar que se sumen a la banda. Las amenazas del entorno etarra no tardaron en llegar a los capos gallegos y les obligó a tomar algunas precauciones máxime cuando miembros de ETA acabaron con la vida del supuesto socio en el País Vasco de uno de ellos, el industrial José Antonio Santamaría.

No era para menos, esto ocurría a finales de los 80 y el 10 de octubre de 1990, la misma noche en que la discoteca Clangor saltó por los aires, los autores (y víctimas) del atentado también colocaron bombas en propiedades de narcos arousanos. Acciones reivindicadas por el Exercito Guerrilheiro do Povo Galego con los mismos argumentos que ETA. Pero es otra historia.