Mil días del CGPJ en funciones con un plan B para nombramientos

Con el curso político a punto de arrancar, se abre la enésima posibilidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial y acabar así con la anomalía de tener un órgano en funciones desde hace mil días, que baraja un plan B para hacer nombramientos ante el “serio problema” que late en el Supremo.

Gobierno y PP se acusan mutuamente de ser el causante que bloquea la renovación del consejo, un problema que corre el riesgo de perder peso en la agenda política, habida cuenta de todos los intentos fallidos por alcanzar un acuerdo y de que no se atisban en el horizonte señales entre ambas partes para desbloquear la situación.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe señalan que la clave estuvo -y está- en los nombramientos. Despojado el actual consejo de esta función por una ley impulsada por PSOE-Podemos, “da la sensación de que ya no hay urgencia por la renovación”, aunque confían en que la crisis de Gobierno y el nuevo curso insuflen aire fresco para afrontar el “cuarto intento”.

Desde el órgano judicial esperan que “haya habido movimientos en verano” y la intención de los vocales pasa por “facilitar la renovación y evitar vías de hecho para que se vean obligados a renovar”.

“El clima es de colaboración, no al contrario”, dicen.

No obstante, si a finales de septiembre no hay esperanza alguna de acuerdo, varios vocales barajan tomar una posición de fuerza y solicitar que se realicen nombramientos de magistrados para el Supremo en comisión de servicios, recordando que “es algo normal”, que “antiguamente sí se hacía” y que serviría para afrontar la cascada de jubilaciones en el alto tribunal.

“Hay vacantes en las salas cuarta y tercera del Supremo y en las presidencias de los TSJ. Con tantos mandatos extinguidos y plazas vacías por jubilaciones, tenemos un problema serio”, advierten.

Una opción más agresiva sería las dimisiones de vocales pero “crearía un clima de confrontación mayor” y “Lesmes no aceptaría ninguna” por mucho que las críticas hacia los protagonistas de esta historia (Gobierno y PP) sean unánimes entre la judicatura.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, mantuvo la negativa de su partido a pactar la renovación, a menos que haya “pasos firmes” en su exigencia de despolitizar el CGPJ.

El PSOE acusó a los populares de realizar un “sabotaje institucional” al consejo con “mil días bloqueados” y subrayó que la solución está en la “voluntad de diálogo y acuerdo” de su líder, Pablo Casado.