Moncloa centra su balance en reforma laboral y empleo

El Gobierno considera que el reciente acuerdo con los agentes sociales sobre la reforma laboral y los datos de crecimiento del empleo y descenso del paro conocidos esta semana son la mejor carta de presentación de su gestión al cumplirse dos años del Ejecutivo de coalición.

El 7 de enero de 2020 Pedro Sánchez conseguía la mayoría simple del Congreso que le investía como presidente tras las elecciones del 10 de noviembre del año anterior.

Un rápido acuerdo con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, alumbró el primer Gobierno coaligado en la actual etapa democrática y que, no sin arduas negociaciones y cesiones, ha ido obteniendo el apoyo de grupos parlamentarios como el PNV, ERC y EH Bildu, tal y como recuerda la Agencia Efe.

Respaldos que han servido como uno de los principales argumentos del primer partido de la oposición, el PP, al recriminar a Sánchez que ligue su permanencia en Moncloa a sus pactos con los que denomina radicales.

La pandemia de coronavirus ha hecho imposible la normalidad de la XIV legislatura prácticamente desde sus comienzos, ya que tres semanas después de la investidura se detectaba el primer positivo en España y el 14 de marzo se decretaba un primer estado de alarma que se prolongó hasta el mes de junio y que supuso el confinamiento de la población.

El segundo, más suavizado, llegó en octubre y no concluyó hasta mayo de 2021.

Pese a que el Tribunal Constitucional se expresó en contra de algunas medidas adoptadas, el Gobierno las defiende porque considera que contribuyeron a salvar vidas.

Esencial para ello es también el proceso de vacunación que ha cumplido ya un año y del que el presidente y sus ministros se muestran especialmente orgullosos.

El covid provocó una crisis sanitaria, económica y social ante la que el Ejecutivo reaccionó con una serie de medidas como los ERTE, que buscaban proteger especialmente a los más vulnerables.

Choques en la coalición. Desde Moncloa se recalca que esas iniciativas y otras como el ingreso mínimo vital son la seña de identidad de este Gobierno progresista, en el que no ha sido fácil la convivencia entre los socios de la coalición.

Así se ha evidenciado en numerosas ocasiones, tanto en la etapa de Pablo Iglesias como vicepresidente (la antesala de su retirada de la política activa) como en la de Yolanda Díaz ocupando ese cargo y, ahora, situándose a la cabeza de las valoraciones de los líderes políticos y pensando en un proyecto de futuro más allá de Unidas Podemos.

La ley de vivienda, el salario mínimo, la ley trans o la reforma laboral han sido ejemplos de esas diferencias que se han ido superando hasta presentar lo que fuentes del Gobierno califican de una “hoja de servicios” acorde con lo prometido y que cuenta en su haber con dos presupuestos aprobados.

Los de 2022 han certificado que Sánchez, como dice que hará, tiene la llave para agotar su mandato y convocar elecciones a finales de 2023.

Entre los logros incluyen la ley de eutanasia o la de educación, cuya impulsora, Isabel Celáa, dejó el Gobierno en la amplia remodelación que acometió Sánchez en julio y que supuso la salida de pesos pesados como Carmen Calvo y José Luis Ábalos y la entrada de Félix Bolaños como nuevo hombre fuerte.

En un ambiente crispado cuyo exponente han sido algunos de los plenos del Congreso, Sánchez superó sin problemas la moción de censura de Vox. Contó para ello con el PP como aliado en una de las contadas ocasiones en las que las bancadas socialista y popular sumaron votos.

Lo hicieron también para desbloquear la renovación de los órganos constitucionales excepto el Consejo General del Poder Judicial, actualización pendiente ante la que Sánchez parece haber tirado la toalla en la legislatura.

No ha sido fácil la relación con la Generalitat, aunque Sánchez, enarbolando los indultos a los líderes del procès, cree haber puesto las bases para reconducir la situación a la espera de una nueva convocatoria de la mesa de diálogo ante la que Aragonés pide ya resultados tangibles.