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Moncloa y la Generalitat negociarán los traspasos entre septiembre y enero

Cataluña quería abordar el tema de los fondos europeos, pero el Gobierno le emplaza a otros foros “en aras de la transparencia”

La Comisión Bilateral Generalitat-Estado acordó un calendario de trabajo que incluye sucesivas reuniones entre el próximo mes de septiembre y enero de 2022 para abordar el traspaso de distintas competencias, según informó la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, tras la reunión de este lunes y recoge la Agencia Efe.

Tras la Comisión Bilateral, de dos horas, la ministra calificó el encuentro como “una muy buena reunión” y “un buen comienzo en la reactivación del dialogo por parte del Gobierno de España”; lo definió como “fructífero” y “muy constructivo”, y aseguró que se había desarrollado en un “buen tono”, “amable y muy honesto”, y en “un ambiente muy distendido”.

Rodríguez subrayó que no se habían abordado asuntos como la autodeterminación y amnistía, que podrán ser objeto de la mesa de diálogo que debe reactivarse en septiembre, y que la representación de la Generalitat sí había hablado de fondos europeos, pero la propia ministra indicó que, “por respeto a todas las autonomías y al sector empresarial”, la reunión no era “el marco más ajustado” para abordar ese asunto.

En concreto, indicó que se habían alcanzado cinco pactos “que van avalados por un calendario de trabajo para el próximo semestre”.

Estos cinco acuerdos hacen referencia a la reducción de la conflictividad institucional; la encomienda a la Comisión Mixta de Transferencias para que se culmine el traspaso de materias como becas y ayudas al estudio; la creación de un grupo de trabajo para tratar traspasos “viables”, como Formación Profesional; la reactivación de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, y la creación de un grupo de trabajo para abordar el traspaso en el ámbito de los ferrocarriles.

Después de la mesa de dialogo prevista para septiembre, el calendario acordado ayer arrancará ese mismo mes con las rodalies, que abordará un grupo de trabajo, y seguirá en octubre analizando otras materias “susceptibles de ser traspasadas”.

En noviembre continuará con la Comisión de Infraestructuras, y en diciembre con la de Asuntos Económicos y Fiscales, para convocar una nueva Comisión Bilateral en enero o febrero del próximo año, en la que “analizar el fruto de este proceso”, que espera sea “productivo”.

Además, se acordó una aportación total de 200 millones de euros antes de fin de año para dar cumplimiento a la Disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece que “la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un período de siete años”.

La titular de Política Territorial quiso dejar claro que “la relación del Gobierno (central) es con el Gobierno (catalán), no se trata de una cuestión de partidos sino de una relación institucional, y en ese marco de referencia constitucional es en el que se mueve el Gobierno de España”.

El objetivo del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, insistió, es conseguir una relación “distinta” que permita “acabar con la conflictividad social y política en Cataluña”, “siempre -añadió- en el marco de la ley y la Constitución”.

Junto a la ministra de Política Territorial, en representación del Ejecutivo estuvieron presentes, entre otros, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; las secretarias de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, y de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

La delegación catalana estuvo encabezada por el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, y los consejeros de la Presidencia, Laura Vilagrà, y de Economía, Jaume Giró.

Asistieron también la delegada del Govern en Madrid, Ester Capella; la secretaria general de la Presidencia, Núria Cuenca; el de la Vicepresidencia, Ricard Font, y el director general de Relaciones Institucionales, Bernat Costas.

govern
Reclamaba mayores avances

···La consejera catalana de la Presidencia, Laura Vilagrà, consideró “insuficientes” los avances en la Comisión Bilateral para materializar los 56 traspasos que pide el Ejecutivo catalán, aunque se han calendarizado reuniones para analizarlos en octubre. Indicó que no se había hablado de las peticiones de amnistía y autodeterminación, porque eso el Govern lo planteará en la mesa de diálogo que se reactivará en septiembre.

···El vicepresidente, Jordi Puigneró, coincidió en estimar “insuficientes” los pactos y es-perará a ver cómo se concretan, además de comprobar “si el Gobierno tiene intención de avanzar en la pantalla del autogobierno”. Y se dijo preocupado por las “leyes recentralizadoras”.

Inversión de 1.700 millones de euros para ampliar el aeropuerto de El Prat
Críticas de la CUP, los comunes y Más País por no tener en cuenta el medio ambiente

Madrid. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, dio a conocer que el Ejecutivo central y la Generalitat de Cataluña habían acordado, en una reunión previa a la Comisión Bilateral, la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat con una inversión prevista de 1.700 millones de euros.

Fueron la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el vicepresidente y consejero de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Jordi Puigneró, quienes materializaron este acuerdo en un encuentro que por la mañana, y que no estaba en agenda.

El Ejecutivo defiende que se abordaron temas sobre infraestructuras y movilidad, y ambas administraciones han pactaron esta ampliación del aeropuerto del Prat.

El traspaso de la gestión de este aeropuerto era una de las reivindicaciones que Cataluña llevaba a la Comisión Bilateral, aunque al final la Generalitat logró la ampliación.

La CUP mostró su “rechazo” frontal al acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat para ampliar El Prat, al considerarlo un “atentado ecológico y climático”, que es “incompatible con la reducción de emisiones” y profundiza en un “modelo insostenible”.

El portavoz de En Comú Podem en el Parlament, David Cid, también criticó que no se hable de una reducción de vuelos y emisiones.

Íñigo Errejón, líder de Más País, ve “postureo verde y destrucción del territorio”. efe

02 ago 2021 / 21:12
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