Montero avanza una subida del techo de gasto inédita por los fondos europeos

El Gobierno presentará en septiembre un aumento del techo de gasto para 2021 sin comparación con el de otros ejercicios, ya que estará "alterado" por la incorporación de fondos europeos, según ha señalado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista con EFE.

"No ha habido ninguna serie histórica que nos permita comparar" la inyección de recursos por "una cantidad muy importante, que puede estar por encima de los 20.000 millones de euros, procedente de esos fondos europeos", ha advertido la ministra.

Por eso insta a analizar "con una mirada distinta" el proyecto presupuestario de 2021, que arrancará en septiembre con la aprobación de una nueva senda de estabilidad y un techo de gasto adaptado a la nueva situación económica derivada de la pandemia.

El proyecto en sí se presentará en el Congreso de los Diputados a finales de septiembre "o principios de octubre", con el objetivo de que su tramitación esté avanzada y los apoyos parlamentarios "bastante acordados" con los grupos políticos cuando se envíe a Bruselas el plan presupuestario, antes del 15 de octubre.

El objetivo del Gobierno es que las cuentas de 2021 incorporen la primera anualidad de las transferencias del fondo europeo de recuperación -en total son 59.000 millones en tres años del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia-, lo que alterará el techo de gasto, para iniciar así cuanto antes la implementación de los proyectos.

La ministra confía en "incorporar en el primer año, que es donde necesitamos el estímulo económico, la cantidad de recursos más importante que podamos movilizar", siempre que sean gestionables por las diferentes administraciones.

Montero explica que estos proyectos se incluirán en el plan de inversión y reformas que enviará a Bruselas en octubre, tras reunir en septiembre a la Comisión de Política Fiscal y Financiera y a la conferencia sectorial porque los proyectos serán "compartidos" con comunidades autónomas y ayuntamientos.

Así, octubre se presenta como un mes "fundamental", en el que se enviará a Bruselas tanto el plan presupuestario para 2021 como un plan nacional de reformas que incorpore todos los proyectos que se financiarán con los recursos europeos.

Además de las transferencias, el Gobierno definirá el objetivo de los préstamos previstos en el plan, que se destinarán a iniciativas que no se puedan financiar con transferencias, y contará con el sector privado para lograr una reconversión económica.

Para incorporar los 140.000 millones del plan europeo Montero ve imprescindible contar con "unas cuentas actualizadas" que permitan "despegar al país", por lo que hace un llamamiento "a todas las fuerzas políticas, pero sobre todo al Partido Popular" para que apoyen los presupuestos.

Junto con el presupuesto, el Gobierno actualizará sus previsiones macroeconómicas con los últimos datos disponibles, con el objetivo de lograr una estimación "razonable" que se actualizá a lo largo del año si hay cambios "definitivos" en los indicadores para tener "una foto lo más ajustada posible a la realidad".

Así, y a falta de conocer la evolución de la recaudación en el segundo semestre, la ministra prevé que el déficit público cierre este año "algo por encima" del 10,38 % del PIB que se comunicó a Bruselas en abril.

La evolución futura del déficit dependerá, entre otras cuestiones, de si finalmente los fondos europeos se entregan de forma previa o una vez alcanzados determinados hitos, lo que exigiría que España se endeudara a través de emisiones del Tesoro para después "cancelar" el préstamo cuando se reciban los recursos.

La ministra se muestra "abierta" a la posibilidad de establecer objetivos de déficit diferenciados para las comunidades autónomas, pero siempre que sea resultado de un consenso para evitar que se interprete que el Gobierno "penaliza" a las regiones más saneadas, que tendrían metas más estrictas tras haber realizado un "esfuerzo muy importante" para equilibrar sus cuentas.

NO HUBO NEGOCIACIÓN SOBRE LA SALIDA DE JUAN CARLOS I

La ministra portavoz ha asegurado que “no ha habido consenso ni negociación” entre el Gobierno y Zarzuela en relación a la salida de España del rey emérito y ha explicado que Casa Real ha tomado “sus propias decisiones” y se las ha transmitido a Pedro Sánchez en los despachos privados habituales.

A la pregunta de por qué no se ha compartido el contenido de esas conversaciones con el PP, Montero ha argumentado que don Juan Carlos ya no está al frente de la jefatura del Estado, y por tanto su vida privada o los asuntos que surjan relacionados con su persona “no forman parte de las cuestiones de país que el presidente de Gobierno despacha con el resto de líderes políticos”.

Con este argumento, Montero ha salido al paso de las críticas de los populares que estos días han recordado que una de las claves de la abdicación de Juan Carlos I fue la interlocución “fluida y constante” de Mariano Rajoy con Alfredo Pérez Rubalcaba”, a quien hizo partícipe del proceso “por lealtad institucional”.

Y sobre los reproches de Unidas Podemos por no haber sido parte de esta interlocución, Montero ha comentado que Sánchez tampoco ha trasladado esa información al “interior del Gobierno” porque “los despachos privados con el jefe del Estado no se comparten”.

Montero ha precisado que Sánchez ha optado por el “sigilo” que debe ante los despachos privados con Felipe VI “sobre destinos, salidas o las maneras en que se producen este tipo de decisiones”.

La también ministra de Hacienda ha subrayado que, “desde el primer día, el Gobierno saludó cualquier iniciativa que la Casa Real pudiera poner encima de la mesa en relación con la transparencia y la rendición de cuentas”, y el presidente fue “muy franco y claro, y se hizo cargo del sentir mayoritario de los españoles, preocupados por la información que iba apareciendo”.

Montero ha subrayado que don Juan Carlos no está imputado y ha reprochado que algunos (en alusión al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias) hablen de la “huida” del rey “como si fuera un prófugo de la justicia”.

La ministra ha recordado que el abogado que atiende a Casa Real ya aclaró “que el rey emérito está a disposición de la justicia para cualquier cuestión”.

Respecto a si se abre el debate monarquía-república como ha anticipado Iglesias, Montero ha señalado que la apuesta del partido mayoritario que sustenta al Gobierno es el “pacto constitucional, que ha tenido réditos muy importantes en materia democrática y económica” y ha subrayado que como partido mayoritario “tienen la palabra”.

Sobre el desencuentro con Unidas Podemos a raíz de este asunto, la ministra le ha restado importancia y ha garantizado que el Gobierno está “muy satisfecho” y “muy cómodo” con la alianza.

Ha recordado que el Gobierno de coalición ha afrontado una de las tragedias más graves de los últimos años como es la crisis sanitaria y eso “une” porque “estas situaciones reafirman en los compromisos”.

Montero, que se ha visto capaz de hablar por ambas formaciones políticas, ha insistido en que “las dos sensibilidades que se sientan en el Consejo de Ministros” están “cómodas” con la coalición.

La ministra ha asegurado que “no distingue un ministro del PSOE o uno de Unidas Podemos” porque “lo importante es el proyecto en marcha y una política útil para el conjunto de la ciudadanía. Me da igual que lo protagonice un ministro que viene de Podemos o del PSOE, esa no es la discusión”.

“Estamos cómodos, estamos bien, estamos fuertes”, ha concluido.

HACIENDA NEGOCIARÁ CON LOS PARTIDOS LOS CAMBIOS FISCALES

El Ministerio de Hacienda negociará con los partidos políticos los cambios fiscales que incluirán los Presupuestos de 2021, ya que tendrán que estar “acompasados” con la situación económica, por lo que podría retrasar algunas subidas de impuestos, aunque sí buscará la “progresividad”.

María Jesús Montero ha avanzado que, como “guía” y “carta de presentación” a los partidos políticos, presentará el acuerdo económico pactado con Unidas Podemos pero ha dejado claro que el pacto programático se firmó en una coyuntura donde no estaba prevista una “hecatombe económica” derivada de una pandemia.

“Hay que ser inteligentes y acompasar ese acuerdo programático al ritmo que marque la economía y por supuesto se tendrá que modular por esa situación económica para hacer las medidas en el momento más adecuado y serán de aquí al 2021 o serán más adelante”, ha puntualizado.

Montero ha explicado que, en materia fiscal, aunque el Ejecutivo sigue con la hoja de ruta marcada por el acuerdo de coalición, se acometerán novedades en dos velocidades: cambios a corto plazo que contemplarán los Presupuestos y que perseguirán la progresividad del sistema y una profunda reforma fiscal centrada en el Impuesto de Sociedades y en “figuras tributarias nuevas” adaptadas a la transformación ecológica y a la nueva economía.

Hacienda buscará el consenso político para acometer los primeros cambios tributarios y escuchará las propuestas de Ciudadanos respecto a cómo afrontar nuevos ingresos.

El acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos contemplaba la subida en dos puntos en el IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para las de más de 300.000; una propuesta que chocaría con la filosofía de Ciudadanos de bajar impuestos.

“Para el Presupuesto de 2021 tenemos como guía el acuerdo programático y algunas propuestas fiscales que se entendieron como adecuadas y buenas, y que no dependen del ciclo económico sino que persiguen la progresividad del sistema, las podremos incorporar después de hablar con todos los grupos políticos para encontrar un punto de consenso”, ha aclarado Montero.

La ministra, sin embargo, ha eludido mencionar la otra medida pactada con Unidas Podemos para implementar un tipo mínimo del 15 % en el Impuesto de Sociedades y del 18 % para la banca y empresas de hidrocarburos, por lo que esta subida podría retrasarse.

Ha señalado que cuando el crecimiento económico esté asentado habrá que afrontar una reforma fiscal en profundidad que incluya una revisión Sociedades, del IVA y de las deducciones de algunos impuestos, tal como ha aconsejado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Precisamente Montero ha mostrado su preocupación por la recaudación proveniente del IVA ante el freno del turismo internacional y del comercio exterior motivado por el coronavirus, por lo que ha incidido en que estarán “alerta” porque si el turismo no remonta teme una caída de ingresos.

“Estaremos alerta y todas las medidas que permitan reactivar el turismo serán bienvenidas”, ha puntualizado al tiempo que ha afirmado que de momento los datos del primer semestre de todas las figuras tributarias van “bastante en línea con la previsión marcada”, toda vez que la recaudación del IVA ha caído un 18 % hasta mayo.

ESPERA QUE EL CURSO ESCOLAR COMIENCE SIN INCIDENCIAS

Montero ha expresado su confianza en que el próximo curso escolar, que ya se está empezando a preparar, comience sin ninguna incidencia, ya que todo apunta a que los rebrotes están controlados y no se va a producir una segunda oleada de covid-19.

La ministra también ha insistido en que en la “hoja del ruta” del Gobierno no figura la aplicación del estado de nuevamente en ninguna parte del territorio.

“Los indicadores epidemiológicos no apuntan en esa dirección ni ningún gobierno autonómico lo ha solicitado”, ha manifestado la portavoz, aunque ha subrayado que el Ejecutivo utilizará “toda su capacidad normativa donde fuera imprescindible, como ha hecho hasta ahora”.

Montero ha recordado que el Gobierno ha remitido a las comunidades 2.000 millones del Fondo Europeo de recuperación por la pandemia de covid-19 para que “la puesta de largo del curso escolar en septiembre se haga con todas las condiciones de seguridad”.

Pero ha insistido en que las competencias educativas radican en las comunidades que son las que “tienen la última palabra” para decidir sobre la disposición de los niños en las aulas, la separación entre ellos, la combinación de clases virtuales con presenciales o la distribución de material para que no haya brecha digital.

Estos asuntos volverán a ser analizados por los responsables autonómicos en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en la última semana de agosto.

El pasado junio los ministerios de Educación y Sanidad elaboraron la Guía de Recomendaciones para el curso 20-21, con las aportaciones de las comunidades, que contempla las medidas de prevención e higiene que se tienen que adoptar, así como la reorganización de los espacios en los centros educativos.

El documento, que puede ser adaptado en cada comunidad, permite a los gobiernos autonómicos a ampliar el número de alumnos de Educación Infantil y Primaria que podrán formar parte de los “grupos de convivencia”, aunque establece que deberán ser “de entre 15 y 20”.

Además, Educación ha creado una Comisión de Trabajo para analizar y evaluar, junto a las autoridades sanitarias, la evolución y el impacto de la pandemia en el ámbito de la educación no universitaria y de la FP, y en su caso adoptar las medidas necesarias de cara al inicio y desarrollo del próximo curso.

La información obtenida de ese seguimiento servirá para efectuar las recomendaciones y adoptar las decisiones precisas en respuesta a las situaciones que se produzcan, en coordinación y colaboración con las administraciones educativas y sin perjuicio de las competencias que el ordenamiento jurídico vigente reconoce a las comunidades autónomas.