Nissan cerrará sus plantas de Barcelona en diciembre y destruirá 25.000 empleos

El cierre de las plantas de Nissan en Barcelona, oficializado ayer, deja sin empleo a 3.200 trabajadores directos y amenaza a 20.000 más, un golpe duro para la industria que unió a los Gobiernos central y catalán en la búsqueda de salidas y en las críticas a la firma automovilística nipona.

Cumpliéndose los peores augurios, el consejero delegado de Nissan, Makoto Uchida, anunció desde Japón la intención de cerrar los tres centros en Barcelona -Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca- a finales de diciembre de este año, mientras que se mantienen las plantas en Ávila (430 empleados) y Cantabria (535).

El presidente de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, comunicó a los sindicatos que se tomó esta decisión al no ver “ninguna solución viable de futuro” para estas instalaciones, que fueron perdiendo modelos en los últi- mos años, dejando Zona Franca a un 20 % de su capacidad máxima –para unos 200.000 vehículos–.

El cierre afectará a Zona Franca (fábrica de furgonetas), Montcada (estampaciones) y Sant Andreu (suspensiones y bastidores), así como a los centros de I+D, recambios, distribución y compras, también en la Zona Franca, áreas que suman unos 3.000 trabajadores.

El impacto sobre el empleo será, sin embargo, mucho mayor, ya que se calcula que otros 20.000 empleos indirectos, según la Generalitat de Cataluña, dependen de estas plantas, incluyendo proveedores y subcontratas de un sector clave en la región, ya que representa el 10 % del PIB y en las fábricas catalanas se producen 1 de cada 5 vehículos ensamblados en España.

Frank Torres, que fuera máximo responsable de Nissan en España y ahora vicepresidente de operaciones en Rusia, será el hombre encargado de pilotar el desmantelamiento y de negociar con los sindicatos, relegando al actual director, Genís Alonso.

En rueda de prensa virtual, De Ficchy atribuyó la decisión de cerrar al exceso de capacidad de producción del grupo por la caída del mercado de furgonetas, ante las medidas de movilidad adoptadas en muchas ciudades, así como a que Mercedes optara por dejar de producir la Clase-X en la planta de Nissan en mayo de este año.

Tanto los sindicatos como las Administraciones Públi-cas se rebelaron contra la decisión final de la firma automovilística y rechazaron el argumento utilizado para irse de Barcelona, reivindicando la viabilidad de las plantas y recordando que presentaron a Nissan un plan para revitalizarlas que suponía ayudas por 100 millones de euros.

Según Nissan, ni siquiera las ayudas que estaban dispuestas a poner el Gobierno y la Generalitat permitirían dar un futuro viable a la fábrica, informa Efe.

En este contexto, el secretario de Industria, Raúl Blanco, lamentó el “ataque al corazón industrial de Catalu-ña” que supone este cierre e insistió en que el Gobierno trabajará para revertir la actual situación, tres advertir de nuevo a Nissan que irse de Barcelona le puede costar 1.000 millones de euros.

El Govern catalán también rechazó los planteamientos de Nissan y, mientras la consellera Àngels Chacón (Empresa) hablaba de “deslealtad” e incluso acusaba a la firma de “reírse de nosotros”, el vicepresidente Pere Aragonès avisó de que la empresa “deberá asumir responsabilidades”.

Los trabajadores de Nissan en Barcelona recibieron también la noticia, que venía de Japón como un “jarro de agua fría”, y los sindicatos llamaron a la movilización y a mantener la huelga indefinida iniciada el pasado 4 de mayo.

El presidente del comité de empresa de Nissan en Barcelona, Juan Carlos Vicente, culpó a la multinacional de “dejar morir” las plantas catalanas, y aseguró que los trabajadores van “a pelear” y “a mantener en jaque a todas las Administraciones pidiendo” que les apoyen.

Ante varios centenares de trabajadores concentrados en las instalaciones de Zona Franca, donde se vieron imágenes que evidenciaban el estupor y el dolor por el anuncio del cierre, Vicente rechazó las explicaciones que ha dado la firma automovilística nipona.