Queda aprobada la suspensión de los objetivos de déficit
Votaron en contra Vox y Foro Asturias y el PP optó por la abstención, aunque hizo reclamos
El Congreso de los Diputados aprobó ayer la suspensión de los objetivos de déficit para 2023, considerado el paso previo para los Presupuestos del próximo año que el Gobierno pretende presentar “en tiempo y forma”.
La propuesta del Gobierno de dejar en suspenso por tercer año consecutivo las reglas fiscales ante las excepcionales circunstancias derivadas de la guerra en Ucrania ha recibido el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Ciudadanos, entre otros, a los que sumó la abstención del PP, garantizando su aprobación.
Con este aval quedará despejado el camino para la presentación del proyecto presupuestario del próximo año, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevé registrar “en tiempo y forma” y para cuya negociación ha pedido “responsabilidad” a los grupos.
Como en años anteriores, el Gobierno había solicitado al Congreso que apreciara que se dan las circunstancias excepcionales previstas en los artículos 135.4 de la Constitución y el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para suspender las reglas fiscales, en línea con la Comisión Europea.
Por ello, los objetivos de déficit para 2023 dejan de ser vinculantes y se convierten en meras referencias, tanto para el conjunto de la administración (3,9 % del PIB, 1,1 puntos menos que en 2022) como para los subsectores.
Junto a la suspensión de las reglas fiscales, el Gobierno aprobó un techo de gasto “récord” de 198.221 millones de euros -no sujeto a aprobación del Congreso- con el que espera consolidar el crecimiento económico, la creación de empleo, la inversión y la protección ante la inflación.
En ese sentido, Montero abrió la puerta a prorrogar algunas de las medidas para paliar la inflación -entre las que se encuentra la bonificación a los carburantes- más allá de final de año e incluso incorporar otras adicionales, aunque esta posibilidad no estaba incluida en el techo de gasto.
La mayor parte de los grupos se ha mostrado de acuerdo con que se dan las circunstancias para suspender las reglas fiscales, aunque presentaron críticas por la falta de un plan de reequilibrio y por la necesidad de nuevas medidas fiscales para rentas altas.
En ese sentido, Montero avanzó que trabaja en la posibilidad de crear un impuesto temporal para grandes fortunas, que entraría en vigor en 2023, independiente del impuesto de patrimonio.
Precisamente la reclamación este impuesto ha sido uno de los puntos clave de la intervención del portavoz de UP, Txema Guijarro, que pidió bajar el IVA para productos de higiene íntima femenina y servicios veterinarios.
El diputado de ERC Joan Margall mostró su apoyo a la suspensión de las reglas de déficit porque “situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias”, pero pedía “valentía” para ir más allá, cambiar la ley de Estabilidad Presupuestaria y “derogar el artículo 135 de la Constitución” para promover las políticas expansivas.
También votó a favor Ciudadanos “porque así lo marca Europa”, defendía su portavoz económica María Muñoz, que reclamaba un plan de reequilibrio para evitar que la flexibilidad sea “una excusa para desviarnos más de la cuenta” y cargó contra la “irresponsable” revalorización de las pensiones con la inflación.
Asimismo, PNV votó a favor porque las circunstancias “siguen siendo excepcionales” y porque esa flexibililidad permite al Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos “utilizar todas las herramientas” para paliar los efectos de la guerra, según su diputada Idoia Sagastizabal.
“Estamos de acuerdo en que las reglas fiscales continúen en suspenso”,coincidía la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua, que avanzaba que acudirá con “responsabilidad” a la negociación de unos presupuestos que espera que incluyan políticas “estructurales” en beneficio de la mayoría social.
También votaron favorablemente PdeCAT, al considerar que concurren circunstancias que lo justifican; Más País, que reclamaba una reforma fiscal, Coalición Canaria, PRC y Teruel Existe.
El PP defendió su abstención porque, aunque acepta la excepcionalidad de las circunstancias, echa en falta plazos y procedimientos, entre ellos un plan de reequilibrio a medio plazo, según la diputada Elvira Rodríguez.
En cambio, anunciaban que votarán en contra Vox -para evitar “ser cómplices de un incremento descontrolado del gasto”, según el diputado Iván Espinosa de los Monteros, y Foro Asturias.
Madrid. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, resaltaba este jueves la incongruencia y “enorme irresponsabilidad” de los gobiernos autonómicos que por un lado suprimen los impuestos que son de su competencia y por otro lado “están pidiendo más dinero permanentemente al Gobierno de España”.
En declaraciones a la prensa en el Congreso, Montero se refería de este modo a la más que probable próxima eliminación del impuesto de patrimonio prevista en la Región de Murcia. Desde este Gobierno regional se anunciaba que lo están estudiando y que seguiría a medidas similares ya tomadas por la Comunidad de Madrid o en la Junta de Andalucía.
Una “enorme irresponsabilidad” le parecía a la ministra que estén pidiendo más financiación del Estado continuamente mientras “en el marco de sus competencias decidan renunciar a una recaudación”.
“Y además decidan hacerlo sobre un 0,2 % de los ciudadanos sobre aproximadamente un 99 % de las personas que se benefician de esa recaudación”, quiso añadir Montero.
Como ejemplo señalaba que con la bonificación del 100 % al impuesto de patrimonio que en la práctica supone su supresión “en Andalucía se está renunciando a recaudar 120 millones de euros”, precisamente, apuntaba la ministra de Hacienda, en una comunidad que está entre las que tienen un menor gasto tanto a nivel sanitario como educativo de media por habitante.
Es “un regalo fiscal de más de 6.000 euros al 0,2 % de los que más tienen”, resumía la titular de Hacienda. Agregó que “es duro admitir” que en un momento de crisis como este “se proteja a los grandes patrimonios” en vez de proteger a la clase media, que es la que proporcionalmente paga más impuestos y tendría que ser la que se viera mayormente beneficiada, “y no al contrario”.
Regalo fiscal es la misma expresión que usó respecto a la eliminación del impuesto de patrimonio en Andalucía este miércoles la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pero en su caso cifró la pérdida de recursos para la Junta andaluza por ese motivo en 93 millones, no en 120 como hacía Montero en sus declaraciones de ayer. EFE