Rechazo del Estado a los salarios que se marca la cúpula de CaixaBank
Sale adelante la política de retribuciones de la entidad con el respaldo del resto de accionistas en la junta
El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y como accionista del 16 % de CaixaBank, votó este viernes en contra de la nueva política de retribuciones de la entidad durante su junta de accionistas, mostrando su oposición a los sueldos de la cúpula directiva.
No obstante, la nueva CaixaBank, fruto de la fusión con Bankia, logró sacar adelante este punto del orden del día con el apoyo del resto de accionistas y a pesar de la polémica que suscitó tras las críticas del Gobierno.
La ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, fue la primera en mostrar abiertamente su “preocupación” por los elevados salarios de los ejecutivos de banca y llegó a calificar de “inaceptables los altos sueldos y los bonus pagados a directivos”, recuerda Efe.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentó unos días después el hecho de que diversos sectores ganadores de la transformación digital están expulsando fuerza de trabajo mientras ellos están ganando salarios de seis cifras e incrementando sus beneficios y bonus.
Fuentes del FROB detallaron a Efe que el fondo había apoyado todas las propuestas de la junta de accionistas de CaixaBank no relacionadas con las remuneraciones de los consejeros de la entidad, una cuestión en la que emitió dos votos diferentes.
Por un lado, el voto en contra al punto doce del orden del día, que era la aprobación de la modificación de la política de remuneraciones de los consejeros, el punto más sensible porque suponía validar que el nuevo presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, reciba una remuneración fija anual de 1,65 millones, y el consejero delegado, 2,26 millones.
Sin embargo, el FROB se abstuvo en el resto de propuestas relacionadas con la política de remuneraciones, que estaban relacionadas con la retribución global que recibirán los consejeros, así como a los planes de incentivos que puedan recibir.
El FROB, el fondo de rescate español, tenía la posibilidad de votar en esta junta al haberse convertido en el segundo principal accionista de CaixaBank tras la fusión llevada a cabo con Bankia, en la que el Estado tenía una participación superior al 60 %.
Goirigolzarri se defiende. El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, defendió la nueva política de remuneraciones del banco, y dijo que se sitúan en niveles inferiores a la media de otras entidades comparables en España.
Salió así al paso de la polémica por las retribuciones de los consejeros de CaixaBank, lo que permitirá al directivo percibir una remuneración fija anual de 1,65 millones de euros, el triple de la que tenía como presidente de Bankia, cuestión criticada por los sindicatos y cuestionada incluso por el Gobierno central.
Explicó que la política de salarios de los bancos está “absolutamente reglada” y que las decisiones sobre este tema se toman en el consejo, si bien son analizadas y propuestas por la Comisión de Remuneraciones, presidida por una consejera independiente y con una mayoría de consejeros independientes.
“Esta comisión no tiene ningún consejero ejecutivo y su labor se realiza en base a políticas objetivas con asesoramiento de empresas externas”, señaló Goirigolzarri, que recordó además que la política de remuneraciones debe ser aprobada por la junta al menos cada tres años, si es que no se introducen cambios antes.
Recalcó que la remuneración total del consejo de CaixaBank en el ejercicio 2020 fue inferior a la de 2019 porque hubo una reducción del número de consejeros y por la renuncia del consejero delegado, Gonzalo Gortázar, a la retribución variable.
Detalló que los sueldos de los consejeros no ejecutivos son fijos -no tienen variables- y se han mantenido sin cambios desde el año 2015.
La remuneración por consejero, agregó, se sitúa “en niveles claramente inferiores a los de la media de los comparables en el sector en España”, pese a que el grupo de origen catalán es el tercer banco en capitalización y el primero en resultados.
···Goirigolzarri aseguró este viernes que la di-rección del banco tiene el “objetivo claro” de llegar a cerrar acuerdos con los representantes de la plantilla, y dijo estar “convencido” de que habrá acuerdo sobre el ERE presentado en el banco, y que afecta a 7.791 personas. El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, indicó también que buscarán un acuerdo razonable con los sindicatos.
A Coruña. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que el Ejecutivo “no va a abaratar el despido” después de que el Banco de España se mostrase favorable a la llamada mochila austríaca.
El planteamiento del Banco de España para corregir la desigualdad de los trabajadores temporales se basa en un sistema mixto que combine la rebaja a la mitad del coste por despido con el establecimiento de un fondo de capitalización individual nutrido por las empresas, pero implantado con ayuda del Estado y los fondos europeos.
“Cada institución tiene que abordar sus competencias”, advirtió Díaz en declaraciones a los medios antes de asistir a la presentación de La estabilidad fiscal en España: Los deberes pendientes, del economista Santiago Lago, organizada por el Foro Económico de Galicia en A Coruña.
Puntualizó que “es competencia del Ministerio de Trabajo definir las líneas de actuación en el campo del mercado de trabajo”, y sostuvo que el Gobierno “no contempla esa salida” entre las reformas estructurales enviadas a la Comisión Europea.
Así, concretó que la comisión de expertos de 2013 concluyó que la mochila austríaca no es una fórmula apropiada para España. “No pasa por este Gobierno progresista abaratar el despido”, manifestó “con claridad”.
Indicó que “más allá de los altos sueldos y retribuciones” en el Banco de España, “que son muy polémicas”, “no tiene sentido buscar en una crisis herramientas que abaraten el despido”.
Por otra parte, dijo que su departamento ha remitido cartas a BBVA y Caixabank para advertirles de que “no es tiempo de despidos”.
Argumentó la ministra que “muchas de esas entidades financieras” han recibido “ingentes cuantías públicas” y “tienen beneficios”. Efe