Repsol y CaixaBank, de forma oficial señaladas por contratar a Villarejo

Madrid. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputó a Repsol y CaixaBank como personas jurídicas en la causa sobre los encargos realizados al excomisario José Villarejo que tendrían como objetivo investigar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero.

El magistrado atiende la petición formulada el miércoles por la Fiscalía Anticorrupción, y cita como investigadas a ambas compañías, que declararán el próximo 26 de julio a las 10.00 horas por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos.

Tras conocer la noticia, Repsol abrió la puerta a exigir responsabilidades “a quienes, en dejación de sus funciones públicas de supervisión y vigilancia, propiciaron o permitieron la actuación de Cenyt”, empresa vinculada a Villarejo, y a quienes utilizan la causa “en persecución de su beneficio particular”.

Esta pieza separada del caso Tándem se refiere al conocido como “proyecto Wine” desarrollado entre 2011 y 2012, sobre el presunto espionaje encargado a Cenyt para investigar al expresidente de Sacyr por su relación con Petróleos Mexicanos (Pemex) para hacerse con el control de Repsol.

En un auto conocido este jueves, el magistrado indica que existen indicios de que tanto Repsol como CaixaBank, a través de sus responsables de seguridad, realizaron un encargo directo a Villarejo, cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, para investigar a Del Rivero y su entorno.

En opinión del titular del juzgado central de Instrucción número 6, existen dudas sobre la diligencia empleada por las dos entidades en la contratación de Villarejo en un momento en el que éste aún era funcionario público.

De hecho, aprecia un grave fallo en la diligencia exigible para constatar que Cenyt nunca estuvo habilitada para ejercer actividades de seguridad privada al tratarse de una comprobación que puede efectuarse a través de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional.

Para el juez, resulta especialmente llamativo que no se practicara esa comprobación cuando los dos jefes de seguridad de Repsol y CaixaBank que contrataron a Villarejo -y que ya se encuentran investigados en la causa- habían formado parte de la Policía.

Así, añade, aunque ambos no se encontraban en activo, debían conocer el escalafón de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía para saber que Villarejo ejercía como policía en activo cuando las dos compañías contrataron sus servicios.

Esta falta de diligencia debida, concluye García Castellón, hace necesario que las dos cotizadas expliquen en sede judicial “por qué pudo producirse esta situación”.

NI INCUMPLIMIENTO NI INFRACCIÓN. Tal como ha comunicado esta tarde, Repsol sostiene que demostrará que no hubo “ni incumplimiento ni infracción” en la contratación de Cenyt, y que no era posible conocer que Villarejo “tuviese condición de funcionario en activo”, base del supuesto delito de cohecho.

Además, pone de manifiesto que la imputación se ha producido “sin haber tomado declaración como testigo” al responsable de cumplimiento normativo de la petrolera, “a pesar de las reiteradas peticiones”.

Por su parte, fuentes de CaixaBank consultadas por Efe no han hecho comentarios para no afectar al proceso judicial. La entidad se ha comprometido a prestar la máxima colaboración con los tribunales “como ha hecho siempre”.

El expresidente de CaixaBank Isidro Fainé y el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ya fueron imputados a mediados de abril por estos hechos, después de que el magistrado entendiera que “probablemente” en alguna de las conversaciones que ambos mantuvieron en esa época “acordaron compartir dicha información, dada la confluencia de intereses”.

En su interrogatorio, ambos reconocieron haber acordado investigar el movimiento de la constructora y Pemex sobre Repsol por el “peligro” que suponía, si bien rechazaron que en aquel momento conocieran que el excomisario se iba a hacer cargo de esos servicios.

CONFIANZA DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS. Con todo, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ha expresado su confianza en los procedimientos y políticas corporativas de estas compañías, así como en la actuación de sus directivos, y espera que “en el plazo más breve posible” concluyan las piezas abiertas.

Esto permitirá que poder “volver a un funcionamiento ordinario de nuestros mercados de capitales, para bien de sus accionistas y de la sociedad en su conjunto”.

Por todo ello, pide atención a “cualquier intento espurio de terceros para aprovechar la situación” como una oportunidad de lograr ventajas competitivas o, sin más, de causar “daño reputacional”. efe