Respaldo a la recuperación con un nuevo marco laboral el próximo año
El plan enviado a Bruselas incluye la extensión de los ERTE y la simplificación de contratos// El Gobierno espera recibir 9.000 millones a finales de este junio
El Gobierno pretende aprobar un nuevo marco laboral este mismo año para que esté en vigor en 2022, con el objetivo de que la “intensa” creación de empleo asociada a la recuperación económica sea de calidad y “no arrastre la patología de décadas”.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, presentó ayer a los medios de comunicación algunos detalles del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas y que espera que el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) apruebe a finales del mes de junio.
Entre las reformas incluidas en el documento figuran cambios en el mercado laboral, algunos de ellos a corto plazo, como la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo para hacer frente a la “fase final” de la pandemia, informa Efe.
Sin embargo, urgió a buscar un acuerdo este mismo año que permita iniciar 2022 con un nuevo marco laboral que incluya una simplificación de contratos, una negociación colectiva más moderna, una nueva regulación de las subcontratas o un mecanismo permanente de flexibilidad en línea con los ERTE.
“Es importante tener este marco en pie para acompañar el proceso intenso de creación de empleo que prevemos” para la segunda mitad del año y 2022, indicó, ya que ayudaría a crear empleo de calidad, con mayor productividad y mejores salarios.
Se mostró cauta respecto a la reforma fiscal, ya que habrá que esperar a las conclusiones del comité de expertos en febrero del próximo año.
Destacó el impulso a las pymes para aumentar su tamaño y productividad.
Con respecto al calendario del plan, dijo que confía en que el Ecofin lo apruebe a finales de junio, lo que permitiría recibir en ese momento el reembolso de 9.000 millones de euros correspondientes a la prefinanciación incluida en los presupuestos de 2021 a modo de adelanto para acelerar las inversiones.
El Gobierno incluyó en los presupuestos de 2021 un adelanto de 27.000 millones de euros (25.000 del Plan de Recuperación y 2.000 de ayudas para la cohesión, el denominado REACT-EU).
Los 25.000 millones correspondientes al plan se recuperarán con un primer pago de 9.000 millones cuando se apruebe el documento y, el resto, como parte de los desembolsos semestrales vinculados al cumplimiento de hitos y objetivos, que Calviño espera empiecen a llegar en el segundo semestre del año.
Precisamente ayer el Gobierno publicó el detalle de los treinta componentes de plan, “más de 2.000 páginas” con el detalle de las reformas presentadas a Bruselas.
La intención del Ejecutivo, insistió, es volcar la mayor parte del esfuerzo en inversión y reformas en los tres primeros años para lograr un impulso a la modernización económica que permita recuperar el PIB previo a la pandemia a finales del próximo año y la senda de crecimiento pre-COVID a finales de 2023.
···Calviño calificó de “errata” y “sorpresa” la mención en un anexo del plan sobre la supresión paulatina de la tributación conjunta en el IRPF, y dejó claro que no hay nada al respecto en la reforma fiscal remitida a Bruselas.
···“Estamos hablando de una errata dentro del cuerpo del plan y en la ficha fiscal lo que se prevé es la creación del grupo de expertos de la reforma fiscal, que evaluará las cuestiones de la AIReF en cuanto a la eficacia de las bonificaciones fiscales que ya existen”, reiteró, tras recordar que el organismo cuestiona la tributación conjunta en el IRPF con respecto a la igualdad de género.
···Aseguró que la propuesta fiscal remitida a Bruselas “en absoluto” prejuzga la propuesta final del Gobierno, que esperará primero al informe del grupo de expertos, que deben concluirlo en febrero del próximo año. Así, negó que el plan recoja además un aumento del impuesto al diésel.
Madrid. El Gobierno se propone aprobar la elevación gradual de la base máxima de cotización, acompasada de una adaptación a la misma de la pensión máxima, antes de finalizar 2022, aunque su implementación abarcará las próximas tres décadas, según consta en el componente 30 del Plan de Recuperación, el referido a las reformas de pensiones, remitido por el Ejecutivo a Bruselas.
La medida, especifica el texto, se discutirá en el marco del diálogo social, afectará a los trabajadores y pensionistas del sistema, y “no se prevén impedimentos relevantes” para sacarla adelante.
El Gobierno explica en el plan enviado a la Comisión Europea que las distintas reformas contempladas en este componente no implicarán costes e inversiones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En el documento se detalla el calendario de dichas reformas y se desgranan sus principales objetivos.
Las más inmediatas, que se llevarán a cabo antes de finalizar este año, consisten en la revalorización de las pensiones con el IPC, el acercamiento de la edad efectiva de jubilación (actualmente en 64,6 años) a la edad legal y la separación de fuentes de financiación de la seguridad social, descargando al sistema de gastos que le son impropios y trasladándolos al Estado.
Esta última medida ya se ha empezado a aplicar en los PGE de este año y se seguirá desplegando hasta 2023.
Sobre la revalorización de las pensiones con el IPC, el Gobierno reconoce que conllevará un gasto importante para el sistema, que cifra en 2,5 puntos del PIB en 2050 para luego caer “de forma intensa”, aunque lo considera “asumible” en el conjunto de las reformas planteadas, ya que se pondrán en marcha otras medidas de contención.
En cuanto al resto de las reformas en pensiones, son varias las que se quieren aprobar antes de finalizar 2022.
En primer lugar, la adaptación del período de cálculo de la pensión a las nuevas carreras laborales, que se pretende aplicar de manera progresiva a partir de 2023.
Se pretende además aprobar antes de finalizar el próximo año la sustitución del factor de sostenibilidad por otro mecanismo de solidaridad intergeneracional. e.p.