Se fiscalizarán los gastos de la Casa Real por medio del Tribunal de Cuentas
El decreto aprobado establece que sus altos cargos deben publicar sus bienes y patrimonio
El decreto aprobado este martes por el Gobierno para dotar de más transparencia y ejemplaridad a la Casa Real establece que el Tribunal de Cuentas fiscalizará mediante una auditoría externa su actividad económica y financiera, así como en qué gasta su presupuesto.
El Consejo de Ministros dio luz verde a la nueva regulación de la Jefatura del Estado un día después de que Felipe VI decidiera desvelar su patrimonio personal, cifrado en 2,57 millones de euros, según informa la Agencia Efe.
El paso dado por el monarca tiene carácter voluntario, puesto que no está recogido en el decreto, en el que el grueso de las medidas son las que don Felipe ya implantó al comienzo de su reinado en junio de 2014, con el fin de renovar la Corona tras la etapa de Juan Carlos I, y que hasta ahora no tenían rango legal.
La principal novedad es que el Tribunal de Cuentas, dependiente de las Cortes Generales, examinará la contabilidad del Palacio de la Zarzuela, como ya hace con la gestión económica del Estado, de sus instituciones y de otras entidades que reciben fondos públicos.
En próximas fechas se va a firmar un convenio con el órgano fiscalizador para sentar las bases de la auditoría externa que ha de verificar “las imagen fiel del patrimonio y la situación financiera” de la institución monárquica, explicó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Esta medida refuerza la supervisión presupuestaria ya existente, puesto que la Intervención General de la Administración del Estado examina las cuentas de la Casa del Rey desde 2015 a través tde una auditoría externa.
El decreto establece como obligatorio que los altos cargos de la Casa del Rey han de publicar su declaración de bienes y patrimonio al asumir el cargo y a su marcha, además de ajustarse al código de conducta.
Otra de las medidas es que la Casa Real deberá dar publicidad a todos los procedimientos de contratación que lleve a cabo, respetando la autonomía presupuestaria de la que goza Felipe VI para decidir en qué gasta el dinero asignado por el Estado.
Entre las iniciativas que ya se venían aplicando por la voluntad del rey y que pasan a ser una obligación está que todos los regalos a los miembros de la Familia Real serán registrados para determinar si permanecen en la Casa Real, si van a Patrimonio del Estado o se donan a ONG.
El Gobierno también fija la información que la Zarzuela tiene que publicar en su página web, entre ella, la ejecución presupuestaria; los contratos suscritos; las retribuciones de los altos cargos, los regalos institucionales y la memoria de actividades.
Otro aspecto que pasa a estar regulado ahora es la asistencia sanitaria que la Guardia Real presta a los miembros de la Familia Real.
···La presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo, advirtió a la titular de Asuntos Sociales, Ione Belarra, que “si no puedes ser ministra de una monarquía parlamentaria, que es la fijada en la Constitución, y del jefe del Estado, que es el rey Felipe, pues no puedes ser ministra”, por “honestidad y gallardía política”. Respondió así a la también secretaria general de Podemos, que rechazó el “maquillaje” de la monarquía.
···La ministra de Justicia, Pilar Llop, elogió los “esfuerzos” de transparencia de la Casa Real y, ante las críticas de Podemos, socio de la coalición de Gobierno, subrayó que la monarquía parlamentaria “no está en debate”. Insistió en que el Gobierno está comprometido con las instituciones y con la Constitución, que en su artículo primero define a España como una monarquía parlamentaria.
Concluyó asegurando que “no hay debate sobre otra forma política de nuestro Estado”.
y Unidas Podemos exigen el fin de la inviolabilidad del rey
Madrid. El PSOE, PP, Vox y Cs valoran el paso dado por la Casa del Rey, mientras que los partidos nacionalistas y Unidas Podemos piden el fin de la inviolabilidad del rey.
Además, este segundo grupo censura que la Casa Real los excluyera de la decisión del rey y no les informara previamente de que se iba a hacer público ese patrimonio, de 2,57 millones de euros.
La Casa Real informó al Gobierno, PP y otros grupos a excepción de ERC, Junts, Bildu, BNG y la CUP, por ser formaciones “que están en contra de la Constitución de 1978”, según la Zarzuela.
El portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, apuntó que el paso “prestigia a la Casa Real y mostró el máximo respeto al trabajo del actual jefe del Estado.
Cuca Gamarra, del PP, enfatizó que Felipe VI ha iniciado una senda de modernización de la jefatura del Estado y que su último paso supone avanzar en el camino de la transparencia y ejemplaridad
Fuentes de este partido explicaron que habían estado implicados en el desarrollo del real decreto de la monarquía desde que se empezó a plantear, ya durante la etapa del anterior líder, Pablo Casado, mientras que Cs reconoció también una llamada previa a su líder, Inés Arrimadas.
Su portavoz, Edmundo Bal, defendió esa exclusión.
Al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, le parecen bien esas reformas en aras de la transparencia y del control del dinero público.
Pablo Echenique, de Unidas Podemos, dijo que no habían sido informados sobre el real decreto de la reforma.
A Gerardo Pisarello, de En comú-Podem, no les gusta “ni en el fondo ni en la forma”.
Gabriel Rufián, de ERC, apreció que si el rey “ahorra tanto” es porque “no paga alquiler ni hipoteca, se lo pagamos nosotros”, y que si no quiere informar a algunos partidos, sus militantes deberían estar exonerados de pagarle el sueldo.
Miriam Nogueras, de Junts, reconoció que no les “agrada” el rey “ni lo que representa, igual que a él no le agradamos nosotros”.
Para Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, “es un honor” que no les considere súbditos de la monarquía”, y dudó de la veracidad de esos números, que, admitió supone “un ejercicio de transparencia”. efe