Se invertirá el 1 % del PIB en universidades con la nueva normativa

Madrid. La inversión pública en las universidades deberá llegar “como mínimo” al 1 % del PIB de aquí a 2030, una exigencia que se incorporará al nuevo texto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, según afirma el ministro de Universidades, Joan Subirats, que sugiere la vía del Tribunal Constitucional si se incumple este compromiso financiero.

“No me veo capacitado de presentar un proyecto de ley que pretenda ser novedoso y que sitúe a la universidad española en el escenario de un cambio de época si al menos no viene acompañado de un 1 % de inversión pública”, subraya el ministro de Universidades en una entrevista con Efe, quien sustituyó a Manuel Castells hace dos meses tras su renuncia al cargo por cuestiones de salud.

Actualmente, este porcentaje se sitúa en torno al 0,7 % del PIB, que en conjunto del año 2021 ascendió a 1.202 millones de euros, un 7,2 % superior al de 2020.

El 77 % de la financiación para las universidades procede de las administraciones autonómicas, el 6 % del Estado y el resto de la captación de fondos que hacen las propias instituciones universitarias.

Subirats opina que hay un problema de transparencia con el dinero que asigna la Administración General del Estado a las comunidades, competentes en la materia y libres de decidir el destino de las cuantías, ya que no son partidas presupuestarias con carácter finalista.

Sin embargo, “hay datos, evidentemente, de lo que se transfiere a las comunidades y lo que invierten en las universidades, por tanto puedes hacer un seguimiento” y comprobar quién está cumpliendo con ello.

En caso de incumplimiento, las universidades -a título individual o agrupándose- “pueden acudir al Constitucional. El sistema normativo tiene sus elementos de protección y la idea de transparencia ayuda a que las universidades tengan una capacidad de exigencia en relación a su comunidad autónoma mayor que si no existiera esa capacidad”, explica.

Por otra parte, cree que la inmersión lingüística ha funcionado “perfectamente” en Cataluña y añade que la Generalitat “lo que tiene que hacer es cumplir” la sentencia que obliga a impartir en castellano al menos el 25 % de las clases en la escuela catalana.

“Lo que tiene que hacer la Generalitat es cumplir la sentencia (del TSJC) y buscar las fórmulas para que eso se cumpla. No tengo los datos suficientes para saber si se esta cumpliendo, pero imagino que en eso están”, explica.

En la práctica, dice, la inmersión “ha funcionado perfectamente y ha sido un instrumento de cohesión social de valor incalculable”.

“Ha evitado que se generara la lógica de dos comunidades lingüísticas y que se jugara al fútbol los del catalán contra los del castellano”. efe