Sin cristalizar aún en grandes pactos el diálogo PP-PSOE

Pese al no del PP a la convalidación de las medidas anticrisis del Gobierno de Pedro Sánchez, la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia de los populares ha supuesto un cambio en la relación con el PSOE, tanto en el tono como en la reactivación del diálogo, sin grandes pactos aún pero con acuerdos en temas como el voto rogado.

En el primer mes de Feijóo como líder de la oposición, el Ejecutivo y el PP han reconstruido los puentes rotos que dejó la etapa de Pablo Casado y han retomado el diálogo, primero con una reunión de los líderes en Moncloa y después con dos canales de comunicación, en justicia y en economía, que permanecen abiertos pese al desacuerdo en este último ámbito y la inclusión de partidos como EH Bildu y ERC en la comisión de secretos oficiales del Congreso, según informa Efe.

El PP rechaza esta decisión, pero mantiene la voluntad de pactar y argumenta que es el Gobierno quien debe elegir si mira hacia el centro, hacia los populares, o si continúa de la mano del bloque de la investidura. Argumentan que si Sánchez pacta con EH Bildu es porque quiere, no porque ellos no le ofrezcan alternativas.

Como ejemplo, aluden al plan anticrisis donde, según fuentes de la dirección, estuvieron abiertos a la abstención hasta el final -de lo que el Gobierno desconfía-, pendientes de una llamada para negociar que no llegó porque Sánchez optó por Bildu.

La negativa del PP fue celebrada por perfiles duros, como el de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que sostuvo que “donde esté ETA es mejor no estar”.

En todo caso, las vías de comunicación continúan en economía entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el vicesecretario de Economía del PP y consejero andaluz, Juan Bravo, y en justicia, con interlocución entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons.

Aunque en economía el PP ya ha fijado su propuesta, recogida en un plan que incluye rebajas de impuestos por debajo de los 40.000 euros, ayudas directas o racionalización del gasto, en justicia el PP busca negociar sin líneas rojas y fuera del foco, sin hacer públicas sus posiciones de partida en la materia.

Así, no sostiene ya las posturas de máximos de Casado, que para renovar el Consejo General del Poder Judicial exigía una reforma de su sistema de elección para que la mayoría de los vocales sean elegidos de forma directa por los propios jueces y, como pista de sus demandas, aludía a la Unión Europea, que pide que al menos la mitad del órgano sea elegido de forma directa por los magistrados.

Más allá de este gran pacto pendiente, PSOE y PP sí se han puesto de acuerdo para derogar la necesidad de los españoles que viven en el extranjero de rogar su voto o en el decreto para reforzar la transparencia de la Casa Real, un asunto en el que la coordinación existía también durante la etapa de Pablo Casado, aunque no trascendió públicamente.

El cambio es por lo tanto evidente en comparación con la etapa de Casado, que resolvía buena parte de sus diferencias con el Gobierno abriendo frentes judiciales, pero la rivalidad entre ambas formaciones continúa.

De hecho, el PSOE afirma que el PP “sigue siendo un partido podrido por la corrupción”, por los polémicos contratos para la compra de mascarillas suscritos por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, y no se fía del perfil “aparentemente moderado” de Feijóo.

Lo responsabiliza de haber “abierto la puerta a la ultraderecha” tras el acuerdo para gobernar en coalición con Vox en Castilla y León y dice que aunque “quiere parecerse a Macron, cada día se parece más a Le Pen”.

El PP centra sus críticas en dos frentes: el “debilitamiento del Estado” por los pactos del Gobierno con independentistas como Bildu y, sobre todo, el ámbito económico, en el que culpan a Sánchez de una gestión negligente.