Torra descarta convocar antes de su inhabilitación los comicios

El president de la Generalitat, Quim Torra, descartó ayer llevar a Cataluña a una “carrera electoral irresponsable” en plena pandemia, mientras no esté inhabilitado, tras defender ante el Tribunal Supremo que su decisión de desoír la orden de la Junta Electoral de retirar una pancarta a favor de los “presos y exiliados” fue “un acto político”.

El alto tribunal celebró ayer la vista para revisar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó a año y medio de inhabilitación por desobediencia, aún no firme y que, de confirmarse, le desalojaría de la Generalitat, informa Efe.

La Fiscalía y la acusación popular ejercidas por Vox, partidarias de mantener la condena, y la defensa de Torra expusieron ante el Supremo sus argumentos en relación con el recurso que el president presentó contra su inhabilitación, en una vista que siguió desde el público.

Tras el acto, convocó a los medios en el Centre Cultural Blanquerna de Madrid, en una declaración institucional para anunciar que no piensa convocar autonómicas anticipadas, al considerar que ello constituiría una irresponsabilidad en plena pandemia.

“Si el Estado español llega al punto de la irresponsabilidad más absoluta inhabilitándome, solo habrá un culpable: él. No seré yo quien en este momento tan crítico para el país lo aboque a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración en Cataluña”, afirmó.

Tras proclamarse víctima de un proceso judicial “aberrante y esperpéntico”, aseguró que seguirá al frente de la Generalitat “hasta el último segundo” para luchar contra la covid-19, mientras no haya resolución del Tribunal Supremo, porque ese es “su deber como president”.

“Tengo la impresión de que una pancarta pidiendo la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados es mucho más importante para el Estado español que la lucha de un president y su gobierno contra la pandemia y la crisis económica más grande de los últimos años. Ciertamente, cada cual tiene su orden de prioridades. Así es como quieren a una Catalunya que pretenden esclava”, abundó.

Poco antes, su abogado, Gonzalo Boye, defendía ante el Supremo que la decisión de Torra de desoír la orden de retirar las pancartas y lazos amarillos de apoyo a los líderes independentistas presos fue “un acto político” amparado por su libertad de expresión e inviolabilidad como parlamentario.

Echó mano de la intervención de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso, en la que vinculó al padre del vicepresidente Iglesias con el terrorismo, y pidió para Torra el mismo trato que para la popular, a la que, dijo, “no le ha pasado nada”.

La defensa mantuvo que la Junta Electoral Central no es un órgano superior al president ni competente para dictar órdenes a Torra en unas elecciones generales, y denunció que ha recibido un trato más severo que otros políticos sancionados por el árbitro electoral –como el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez– por pertenecer a una “minoría nacional”.

La fiscal Pilar Fernández, por el contrario, negó cualquier carácter político en la conducta de Torra y sostuvo que el mandatario catalán fue condenado por quebrantar la ley electoral, un ámbito en el que la junta tiene competencia para “revisar, neutralizar y sancionar” actuaciones como la de las pancartas.

Además, consideró “inasumibles” las reiteradas acusaciones de parcialidad de la defensa a los miembros de la JEC, al instructor de la causa y a los magistrados del TSJC, lo que a su parecer “no es sino un ejemplo de la adaptación que la parte hace del derecho”, que “la estira y la adapta a su conveniencia, algo legítimo pero inasumible”.

Por su parte, la acusación popular ejercida por Vox pidió que se desestime “radicalmente” el recurso de Torra porque con su acción demostró “una falta de observancia de todas las normas, incluso de la Constitución”.