Trabas del CGPJ a prohibir con la ley de Memoria la apología franquista
El órgano judicial critica en un informe, en el que se muestra su división interna, el cierre de fundaciones
Madrid. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado, con la oposición de una minoría de sus vocales, su informe sobre la nueva ley de Memoria Democrática, en el cual critica medidas como el cierre de fundaciones o la prohibición de actos públicos que hagan apología del franquismo.
El documento asume los planteamientos esgrimidos por los vocales Roser Bach y Wenceslao Olea en el borrador de dictamen, en el cual cuestionaban que el anteproyecto remitido por el Gobierno facultara el cierre de fundaciones profranquistas bajo el argumento de que, aunque defiendan valores contrarios a la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión, siempre que no humillen a las víctimas.
El dictamen, no vinculante para el Gobierno, salió adelante por quince votos frente a seis, que se opusieron a la propuesta de los dos ponentes, aceptada íntegramente aunque con matizaciones particulares, y en la que se subrayaba la necesidad de proteger el derecho de reunión ante la prohibición de actos públicos de exaltación de la dictadura franquista.
La forma en que la normativa del Gobierno encara la protección de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión del régimen de Franco es otro aspecto controvertido para el CGPJ, que alerta del riesgo de que se tutele “de forma asimétrica” la dignidad de las diferentes víctimas de este período histórico, en función de su procedencia.
La decisión vuelve a mostrar la división que en el órgano de gobierno de los jueces provocó el anteproyecto, con una turbulenta y larga tramitación porque los ponentes designados para emitir el informe fueron relevados al no cerrar un texto de consenso.
Así, según comunicó el CGPJ, de sus 21 miembros votaron en contra José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías y Juan Martínez Moya, todos del sector conservador, junto a Concepción Sáenz, del progresista; todos formularán además votos particulares discrepantes.
Pero, entre los quince que sí respaldaron el informe, hay seis que también emitirán votos particulares, aunque en su caso concurrentes. Por un lado, los elegidos a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda; y por otro, Enrique Lucas (promovido por el PNV) y Vicente Guilarte (por el PP).
El Gobierno dispone ya, junto al del Consejo Fiscal, de los dos informes que precisaba antes de llevar de nuevo la norma al Consejo de Ministros para su aprobación, ya como proyecto de ley, y su remisión a las Cortes.
El CGPJ pone en entredicho el cierre de fundaciones porque “la apología del franquismo, sin el requisito del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas que, aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión”. Efe