Celaá quiere que después del verano vuelvan a clase la mayoría de los alumnos

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isa-bel Celaá, admitió ayer que, de momento, para septiembre no se puede decir “nada con seguridad” sobre la vuelta a los centros educativos al desconocerse la evolución de la pandemia. Aseguró que trabajarán “muchas variables” con el grupo de trabajo constituido con representantes de las comunidades autónomas para “que el mayor número de alumnos esté en actividad presencial” después de verano.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Congreso, precisó que siempre se dijo que si un grupo fuera superior a 15 tenía que fraccionarse en las “condiciones actuales”, como el resto de estados europeos.

La ministra anunció el pasado 4 de mayo en una entrevista con 20 minutos que las clases tendrían que reducir su número de alumnos a la mitad el próximo curso, con un máximo de 15 por aula, si antes no llega la vacuna contra el coronavirus. En este supuesto, apuntó que habría que compaginar, además, la docencia presencial con la telemática.

Isabel Celaá señaló ayer que la “mayor urgencia es trabajar esperando que la pandemia amaine” en septiembre o en octubre. “Va-mos a estar preparados desde el Ministerio para que la información del curso esté antes de las vacaciones”, añadió. De cualquier manera, recordó que es Sanidad quien dicta las pautas sanitarias y no ellos, por lo que también será el departamento de Illa el que decida si se deben hacer test a los docentes y alumnos antes de poder regresar a clase. Además, especificó que se pretende que, si los grupos por clase son de más de 15 alumnos, se fraccionen para responder a las condiciones marcadas de distancia social de 2 metros.

APROBADO GENERAL So-bre el aprobado general negó que haya “barra libre”, sino que serán los profesionales educativos, y la junta de evaluación, los que decidan si un alumno con algún suspenso puede pasar de curso y, en su caso, logra la titulación en una etapa educativa. “No se puede hacer otra cosa”, enfatizó, para recalcar que en otros países sí se ha establecido el aprobado general.

Por otro lado, defendió que se debe garantizar una educación en valores cívicos, pues “la responsabilidad cívica demostrada por la ciudadanía española, entre la que están los estudiantes, ha sido la clave en la respuesta a la pandemia”.

A la vez, la ministra urgió a abordar diversas reformas, entre ellas, intensificar la apuesta por la digitalización para garantizar la formación en las competencias que los estudiantes necesitan desarrollar, reformar el currículo y modernizar la profesión docente.

Y no renunció a que siga su curso parlamentario –está en fase de presentación de enmiendas parciales– la Lomloe, a pesar de las críticas de Ciudadanos, cuya portavoz, Marta Martín, le dijo que “no es el momento”.

Los grupos nacionalistas (ERC, Bildu o PNV) acusaron al Gobierno de utilizar el estado de alarma para invadir competencias, y Celaá recordó que las comunidades “son autónomas, pero no independientes”. “El ministerio sigue el modelo vigente, que no es otro que el constitucional, sin ninguna nostalgia de estados unitarios de muy triste recuerdo en este país”, afirmó rotunda.

La diputada de EH Bildu Isabel Pozueta la acusó de imponer un “155 educativo encubierto”, pues “las decisiones estructurales las ha tomado un mando único” y las comunidades “son unas meras gestoras de lo que en Madrid se decide”.

El representante del PP, Óscar Clavell, manifestó que Celaá “ha renunciado a liderar cualquier iniciativa” y criticó que no se haya “consensuado nada con la comunidad educativa para la desescalada”.