El Supremo decidirá en cinco días qué limitaciones podrán adoptar las CCAA
El Gobierno cambia la ley para que el Alto Tribunal vía exprés tenga la última palabra // Podría avalar toques de queda y cierres perimetrales por territorios
El foco pasa a estar a partir del domingo en el Alto Tribunal. El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ley para permitir a las comunidades autónomas acudir en “auxilio” al Supremo si los Tribunales Superiores de Justicia tumban sus restricciones para seguir luchando contra la pandemia, una vez decaiga el estado de alarma el próximo sábado por la noche.
De este modo, el Ejecutivo abre una vía para que, a partir del 9 de mayo, las comunidades puedan seguir adoptando medidas que supongan la limitación de derechos o libertades fundamentales, como los cierres perimetrales o el toque de queda. Es decir, no descarta que se puedan mantener estas restricciones, pero deja al Supremo la última palabra al respecto.
En concreto, el decreto aprobado para regular el fin del estado de alarma establece que los gobiernos autonómicos podrán interponer recursos de casación ante la sala tercera del TS, y que éstos deberán resolverse en cinco días hábiles.
El Gobierno pretende que el Supremo pueda así “unificar doctrina” y “dar garantías” a las comunidades sobre las medidas a tomar para seguir conteniendo los contagios de coronavirus, una vez decaiga el próximo sábado el estado de alarma
Según explicó la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de una “innovación jurisdiccional” que ofrece a las comunidades autónomas un “paraguas de protección” en esta nueva fase y permite “afrontar la salida del estado de alarma con tranquilidad y seguridad”.
Medida para unificar criterios “Hemos modificado que, para que todas las CCAA puedan proponer lo mismo para proteger a los ciudadanos, y si en un momento hay una discrepancia, que el Tribunal Supremo unifique y decida por todos y para todos”, defendió Calvo, tras hacer hincapié en que ahora todas las administraciones podrán trabajar “en pie de igualdad, incluso en aquellos supuestos que impliquen decisiones que limiten derechos”. El Gobierno central quiere evitar la situación que se dio el verano pasado cuando, tras el fin del estado de alarma, los tribunales no avalaron en algunos casos las restricciones aprobadas por los gobiernos autonómicos, produciéndose contradicciones entre territorios.
Ante el riesgo de que vuelva a ocurrir lo mismo, varios gobiernos autonómicos llevan semanas pidiéndole al Gobierno que prorrogara el estado de alarma hasta tener más controlada la pandemia. Además, el PP y otros partidos de la oposición exigen un ‘plan b’ jurídico para reformar la legislación sanitaria y evitar la necesidad de contar con el aval judicial.
El Ejecutivo sigue defendiendo que cualquier medida que afecte a la limitación de derechos y libertades fundamentales, como el toque de queda o los cierres perimetrales, tiene que contar bien con el paraguas del estado de alarma –que permite restringir esos derechos– o con el aval de un juez.
No obstante, para garantizar que el criterio judicial sea el mismo “para todos”, sí decidió modificar la ley que regula el contencioso administrativo para que sea el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra, y los gobiernos autonómicos tengan posibilidad de evitar una decisión contraria del Tribunal Superior de Justicia que le corresponda.
Hasta ahora, los gobiernos autonómicos solo podían acudir al Supremo cuando intervenían como autoridades delegadas del Ejecutivo central, es decir, durante la vigencia del estado de alarma, que les otorgaba este estatus, según explican fuentes jurídicas a Europa Press.
“Nos parece que lo razonable es que el auxilio del Tribunal Supremo nos sirva a todos, y que la Abogacía del Estado también pueda recurrir y reforzar la posición de un territorio autonómico, y que no sometamos a todos, teniendo en cuenta datos distintos, a los mismo rigores, porque la pandemia va evolucionado”, justificó Calvo.
Más garantías En este sentido, defendió que con esta decisión le ofrecen a las comunidades autónomas “mas garantías con las decisiones que tomen”. “Esto significa que los gobiernos autonómicos pueden seguir planteando medidas importantes para seguir luchando contra la pandemia, con una nueva capacidad de protección y de igualdad para todos, que será la que ofrezca el Supremo”, apostilló.
Sobre el alcance de las restricciones que las comunidades podrán seguir adoptando sin estado de alarma, Calvo aseguró que debe ser el TS el que se pronuncie, en base a la argumentación que haga cada comunidad por su situación epidemiológica. “Cada decisión que se tome y que pueda ser sometida a los tribunales, lo que requiere es una fundamentación suficiente”, afirmó.
Eso sí, a diferencia de otras ocasiones, en las que ella misma defendió que el toque de queda solo puede decretarse bajo el paraguas del estado de alarma, ahora no descartó la posibilidad de que el Supremo pueda avalar, a su juicio, que se tome esa medida, si es para un determinado territorio, y si el gobierno autonómico lo justifica debidamente.
Santiago. El pleno del Parlamento de Galicia aprobará la semana que viene una proposición no de ley urgente en la que insta al Gobierno central a adecuar la Ley Orgánica de Salud Pública a la gestión de las situaciones de pandemia, mientras que la propia Cámara autonómica ya acordó iniciar la defensa jurídica de su propia normativa, recurrida ante el Tribunal Constitucional en su artículo 38.2, el cual está suspendido.
Concretamente, en la iniciativa no legislativa se pide al Estado que proceda a “una adecuación de la legislación orgánica en materia de salud pública que le aporte mayor detalle y concreción” con el fin de “proporcionar a las autoridades competentes el mejor marco jurídico posible” para afrontar las presentes y futuras situaciones de riesgo “grave” para la salud pública.
Así, los populares, que llevarán esta iniciativa a pleno, la cual saldrá adelante, al menos, con los votos de esta formación, se apoyan en que el propio Gobierno había comprometido a realizar una reforma y así lo recomendó también la comisión de reconstrucción social y económica creada en el Congreso.
En este sentido, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, también constató que el informe del Consejo de Estado, a propósito del recurso contra la ley gallega, ya sugería al Gobierno central la necesidad de adecuar la ley orgánica estatal.
Además, la proposición no de ley reclama al Gobierno que “mientras no concluya ese comprometido proceso de actualización y desarrollo de la legislación orgánica en materia de salud pública, desista” de solicitar la suspensión de la normativa legal aprobada por los distintos órganos legislativos autonómicos.
La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, insistido en que la normativa aprobada en el Parlamento de Galicia es una “chapuza legal”. Para los nacionalistas, como ya manifestaron en los debates pasados, tenía que haberse optado por “reforzar la sanidad pública” y “no” por tratar “un virus como si fuese una cuestión de orden público”.
El viceportavoz socialista, Pablo Arangüena, insistió en que el Consejo de Estado “avala” el recurso de inconstitucionalidad y defendió que la solución pasa por “modificar” la normativa.