Galicia evaluará retrasar el toque de queda y abrir los bares hasta las 22.30 horas
El Consejo de Estado coincide con la Xunta y también insta al Gobierno a actualizar la ley de salud para gestionar la pandemia
Con la pandemia “estabilizada”, Galicia tiene ya sobre la mesa la posibilidad de retrasar el toque de queda –actualmente fijado entre las 22.00 y las 06.00 horas– y también de reabrir fronteras levantando el cierre perimetral.
La última palabra, como reconoció tras el Consello Alberto Núñez Feijóo, la tendrá el Comité Clínico, que volverá a reunirse el próximo martes ya con datos sobre el impacto de la Semana Santa.
Si finalmente los indicadores son positivos y el toque de recogida se decide a las 23.00 horas, también podría ampliarse el horario de los restaurantes hasta las 22.30 horas, según anunciaron el vicepresidente primeiro, Alfonso Rueda, y los conselleiros de Sanidade y Emprego e Igualdade, Julio García Comesaña y María Jesús Lorenzana, respectivamente, en una nueva reunión que mantuvieron este jueves con el sector.
En base a los datos epidemiológicos se decidirán los posibles cambios en el nivel de restricciones en la comunidad, en la que solo A Pobra y O Grove están en alerta roja, es decir, cerrados perimetralmente y con la hostelería limitada al servicio a domicilio.
El decreto del estado de alarma vigente desde octubre y que, previsiblemente, terminará el 9 de mayo, permite a las comunidades modular el horario del toque de queda, que puede comenzar entre las 22.00 y las 00.00 h y terminar entre las 05.00 y las 07.00 h.
“Vamos a evaluar si es necesario o si podemos posponer el toque de queda”, señaló el mandatario en relación al próximo encuentro de la asamblea de expertos que asesora a la Xunta, que como apuntó evaluará también la posible reapertura del cierre perimetral. Por el momento, la pandemia en Galicia se mantiene “estabilizada” y presenta un “contexto razonable y admisible”.
conferencia de presidentes. Por otra parte, tras el anuncio de que el Gobierno recurrirá ante el Constitucional la reforma de la ley gallega de salud, Feijóo insistió en la necesidad de sentarse en la Comisión Bilateral para analizar el texto sin “judicializarlo”. También urgió la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, con este asunto, pero también las incertidumbres por el fin del estado de alarma o las vacunas. No en vano, incidió en que el dictamen del Consejo de Estado ratifica una demanda de la Xunta desde hace meses al corroborar que “es necesario” actualizar la legislación para gestionar la pandemia.
En concreto, el Consejo de Estado “sugiere” la necesidad de reformar el la ley estatal: “Con independencia de la procedencia de la interposición de recurso de inconstitucionalidad en los términos señalados, el análisis de la cuestión debatida permite al Consejo de Estado sugerir que el contenido de la Ley Orgánica 3/1986 podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción”.
Pero también reprende al Legislativo gallego por incluir su postura política en la exposición de motivos de la normativa en cuestión. Si bien acepta que “la legislación sanitaria estatal no contiene seguramente los mecanismos adecuados para hacer frente a una crisis de esta envergadura”, advierte que “la inclusión de consideraciones de esta naturaleza en una ley autonómica de salud pública no se compadece ni con la vocación de generalidad que se le presume, ni con el objeto de su regulación”.
El futuro de la reforma de la lei de saúde de Galicia estará condicionado en las próximas semanas por el anuncio del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional algunos de los preceptos apoyándose en un informe del Consejo de Estado que, con todo, solo avala al Ejecutivo de Pedro Sánchez en uno de los apartados concretos que se cuestionaron. Así, el órgano consultivo, que tuvo que emitir un informe de “urgencia” sin que los motivos para la premura fuesen justificados –recrimina el Consejo de Estado en su dictamen al Gobierno central–, apoya que sea el Tribunal Constitucional (TC) el que disuelva las dudas acerca de si la ley gallega de salud sobrepasa los límites en asuntos como la vacunación obligatoria. Sin embargo, avala los aspectos sancionadores. El informe del Consejo de Estado es preceptivo, pero no vinculante, para que el Gobierno eleve al TC un recurso de inconstitucionalidad, para lo cual cuenta con un plazo tres meses desde su publicación en el DOG el 26 de febrero de 2021 (es decir, hasta el 26 de mayo de 2021).